J.W. / EFE
Santa Cruz


La presidenta del Partido Popular (PP) de Tenerife, Cristina Tavío, aseguró ayer que su partido dará libertad a sus afiliados para acudir o no a la manifestación convocada para el próximo domingo para demandar una Ley de Residencia para Canarias. "El PP defiende el derecho pacífico a manifestarse, frente al PSC-PSOE que ha tachado de racistas y xenófobos a los convocantes de la manifestación y frente a CC que ha prohibido a sus afiliados a acudir", indicó.

Tavío señaló que su partido cree, "como piensan los convocantes de la protesta, que existen motivos para manifestarse, ya que Canarias ha sido líder en Europa en llegadas de inmigrantes ilegales". Y por ello entiende que existen razones para quejarse, mientras algunos partidos quieren pescar votos con la confusión".

Para la presidenta del PP la Ley de Residencia "es un fantasma sin contenido y exigiría un acuerdo parlamentario amplio en Canarias, el consentimiento del Gobierno central y de la unión Europea (UE), y esto tardaría varios años". A su juicio, "no hace falta una Ley de Residencia y si una batería de medidas para atajar el problema de la inmigración". Para ello su partido propone 100 medidas para solventar el problema, como alternativa a la Ley de Residencia, aunque las resumió en diez.

La primera de las medidas propone modificar la Ley de Extranjería del año 2000 para impedir más regularizaciones masivas, la segunda, prohibir el empadronamiento de irregulares, y la tercera dar efectividad a los convenios de repatriaciones y firmar los que quedan pendientes con países de origen habitual de los inmigrantes.

La cuarta medida habla de expulsar a los irregulares cuando concurran razones de orden público, la quinta, promover una legislación específica sobre inmigrantes menores; la sexta, creación de centros de formación y de acogida para menores en los países de origen, y la séptima, implantación del SIVE en Tenerife y dotar a la isla de más efectivos policiales en aeropuertos. Por último, el PP propone implantar un sistema de integral de información, en coordinación con la Interpol y la Unipol; el funcionamiento permanente del Frontex y el incremento de los recursos de cooperación al desarrollo en los países de origen de los inmigrantes.