Agencias
Santa Cruz - Las Palmas


A un día del estallido de la trama urbanística en el municipio de Telde y la detención de su alcalde, Francisco Valido, bajo cargos de cohecho, el Gobierno de Canarias selló ayer un acuerdo en el que recomienda a los grupos políticos de Telde que tras las detenciones del alcalde y cinco concejales del municipio en el marco del caso Faycán creen un gobierno de concentración que permita conducir al municipio hasta las elecciones de mayo de 2007. Según manifestó el consejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, el acuerdo que toma el Gobierno es "remitir al Gobierno central" un informe de la situación generada por si el Consejo de Ministros considera "por iniciativa propia" que es necesario crear una gestora. Horas antes, acudían a los juzgados de Telde, en dos vehículos, cuatro de los detenidos el martes en la operación Faycán: Francisco Valido; la concejala de Obras Públicas, Sonsoles Martín; el de Saneamiento, José Suárez; y la hija de Toñi Torres, María Eugenia Fernández. Todos salieron en libertad tras abonar una fianza de 80.000 euros.

Así las cosas, el Ejecutivo regional entiende que la Ley pone de manifiesto que la disolución de un Ayuntamiento sólo se producirá en casos excepcionales en los que se vean afectados "los intereses generales de España", hecho que ha motivado la inhibición en este sentido del gabinete presidido por Adán Martín. "El Gobierno se ofrece para contribuir al encuentro entre los grupos municipales y para encontrar una solución que contribuya al buen nombre del Ayuntamiento de Telde", dijo el consejero de Presidencia, que abogó en todo momento por que todos los partidos, incluso los ediles del grupo de gobierno no afectados por la operación, los de la oposición o los que entrarían de correr las listas, se pongan de acuerdo para llegar hasta las elecciones.

José Miguel Ruano dejó entrever que los servicios jurídicos del Ejecutivo han puesto reparos a la petición de creación de gestora porque entienden que dada la autonomía municipal que existe no se afectan "los intereses generales de España", tal y como recoge la Ley de Bases del Régimen Local. Esta normativa, según recordó Ruano, especifica que para disolver un municipio "se tienen que ver afectados intereses generales de carácter supramunicipal". Según las palabras del consejero, queda claro que el Gobierno de Canarias ha decidido no pedir al Estado la disolución del Ayuntamiento de Telde ni la consecuente creación de una gestora, por lo que deja la responsabilidad de crearla en manos de Madrid.


Libertad con cargos

Todos los detenidos llegaron ayer a los juzgados de Telde en un coche policial camuflado pero con las lunas sin tintar. Francisco Valido fue el primero en pasar al despacho del juez, Javier García, donde permaneció por espacio de una hora. Tras la declaración de José Suárez, que duró el mismo tiempo, el alcalde tuvo que entrar y salir varias veces del despacho del instructor. Fuentes cercanas al caso informaron de que el concejal José Suárez se acogió a su derecho de no declarar ante la policía, aunque se desconoce si el resto de compañeros aprovechó esta medida o no, ya que los abogados de todos los detenidos se negaron a hacer ningún tipo de declaración. La demora de más de cinco horas ante las puertas del edificio se debió a la ausencia del abogado de Sonsoles Martín, que se encontraba asistiendo a otro juicio, un hecho que motivó que su cliente no pudiera declarar ante el juez ni emitir ninguna decisión. Así, el juez Javier García decidió cambiar el orden de las declaraciones y llamó entonces a la hija de Torres, María Eugenia Fernández -a la que acompañó su padre-, que permaneció declarando ante el juez durante más de treinta minutos.