Los promotores y participantes en la manifestación celebrada hace quince días en Santa Cruz de Tenerife por una Ley de Residencia aducen un exceso de población en las Islas. Y, como todos los partidarios de estas ideas, esgrimen a su favor dos tipos de argumentos. Uno de ellos es el de la llamada por algunos capacidad de carga poblacional, que habría sido sobrepasada en el Archipiélago. Y el segundo está basado en que los inmigrantes supuestamente quitan los puestos de trabajo a los residentes.

Pues bien; respecto al primer argumento, es preciso repetir una vez más que la capacidad de carga poblacional es una falacia pseudocientífica, un concepto pretendidamente técnico, pero vacío de contenido en un mundo industrial y tecnológico. Y en cuanto al paro inducido, presente con una referencia explícita en el propio cartel anunciador de la manifestación, que los inmigrantes no inciden en el paro; que si el sistema económico los atrae es que los necesita; y que tanto en el Archipiélago como en Cataluña o El Ejido los inmigrantes hacen los trabajos que los residentes no quieren porque se han convertido en buscadores selectivos de empleo. Y eso sin contar con el hecho evidente de que muchos indicadores nos muestran niveles muy elevados de economía sumergida en las Islas, o sea, que las moderadas cifras de paro de Canarias están sobredimensionadas.

La población y la economía dependen una de la otra; porque una economía en expansión como es la canaria, que viene creciendo en términos macroeconómicos desde hace tiempo por encima de las medias española y europea, no sólo atrae naturalmente recursos humanos, sino que necesita esos recursos humanos que atrae para seguir creciendo y preservar sus ritmos expansivos. Y andar jugando a las casitas con la población sin tener ni idea de las reglas del juego afecta gravemente a la economía y puede comportar consecuencias desastrosas de carácter recesivo.

Sin embargo, en todo este asunto de la reivindicación de una Ley de Residencia flota un profundo equívoco, cuidadosamente fomentado y mantenido por sus partidarios. Porque, junto a la capacidad de carga poblacional y el paro inducido, se alude velada y constantemente a un tercer argumento, que parece ser el verdaderamente fundamental. Se hacen menciones continuas a la identidad canaria -denominación de una de las entidades convocantes de la manifestación-, que estaría amenazada por la inmigración. Y aquí creemos que reside el núcleo del problema, que suscita directamente preguntas y advertencias varias. Preguntas y advertencias presididas por la certeza de que la falacia demográfica que se nos está intentando vender a los ciudadanos de estas Islas trata de enmascarar y legitimar ideas y propuestas que algunos no se atreven a defender explícitamente.

En un mundo globalizado de identidades diacrónicamente cambiantes, que se entrecruzan y se influyen mutuamente, ¿qué significa exactamente defender la identidad canaria? ¿Quiere decir luchar para petrificarla en el tiempo y en el espacio? ¿Y qué identidad canaria hay que defender? ¿El costumbrismo rural de cartón piedra al uso, romerías de Coros y Danzas incluidas? Desde luego, las preguntas se suceden en este apartado, porque para algunos la identidad canaria es una película de ’Cine de barrio’, en la que los canarios vamos todo el día disfrazados de magos, cantando -mal- isas y folías, y con un diccionario de canarismos bajo el brazo. El "color local" del que decía Borges era la prueba definitiva de lo no genuino.

Pero si las preguntas se suceden, las advertencias se imponen. Y se imponen porque las acusaciones de xenofobia -odio al extraño y diferente- que se adujeron en contra de la manifestación no van del todo descaminadas. ¿Qué opinar de un lema como "¡Ni uno más! Tú puedes pararlo", que sería suscrito sin restricciones por Le Pen y la ultraderecha alemana y flamenca? En el fondo, no es más que oportunismo irresponsable y barato, que ni siquiera consigue configurar un populismo. Pero repetimos que andar jugando a las casitas con asuntos de la mayor trascendencia sin tener ni idea de las reglas del juego comporta consecuencias desastrosas. Además, hay que añadir otro elemento de alarma. Entre los partidarios de la Ley de Residencia se detecta un componente de clase media baja altamente preocupante. Los análisis clásicos nos previenen contra el reaccionarismo de esta clase, siempre a la defensiva y temerosa de perder su status social. Fue la clase media baja alemana, por ejemplo, la que, con el apoyo económico del gran capital y del empresariado, aupó a Hitler al poder.

Muchos han apuntado que la Ley de Residencia ya existe, y es la Ley de Extranjería, complementada por la Ley del Menor, ambas manifiestamente mejorables, por supuesto, pero que ahí están. No obstante, los partidarios de una Ley de Residencia no se refieren a eso. A los que de verdad les interesa limitar la entrada es a los ciudadanos europeos y, especialmente, a los demás españoles. ¡Una Comunidad hipersubvencionada y dependiente para todo de los fondos europeos pretendiendo cambiar su modelo de relación con Europa! En cuanto a los españoles, ni los nacionalistas vascos y catalanes más extremos han planteado la cuestión con esa crudeza, salvo quizás ETA en algunos momentos. Aquí no reparamos en tales minucias.

Nuestro auténtico problema demográfico no es la inmigración legal que atrae la pujanza de nuestra economía, y que en cada momento queda dimensionada por esa propia pujanza. Sin olvidar que no existen métodos técnicos honrados que nos permitan establecer cupos de inmigrantes, y que cualquier intento en ese sentido sería una burda manipulación política e ideológica, en el peor sentido de la expresión. Dada la escasa incidencia real de la inmigración ilegal por cayucos, la mayor parte de la cual termina en la Península o repatriada, nuestro auténtico problema demográfico es la inmigración ilegal por puertos y aeropuertos, fuente de delincuencia mafiosa y de inseguridad ciudadana. Y es curioso que los manifestantes de hace quince días no aludieran a ella ni explicaran cómo va a impedirla una Ley de Residencia. Tampoco aludieron los manifestantes a nuestro auténtico problema económico, que es la corrupción pública y privada que asola nuestras Administraciones y nuestro empresariado, y de la que nos tememos que únicamente conocemos la punta del ’iceberg’.

Los canarios vivimos entre corrupciones desveladas a medias y mentiras proferidas impunemente. A trancas y barrancas, el Estado de Derecho, la democracia y las leyes luchan contra las primeras y logran aflorar ciertos -pocos- casos. Pero el Estado de Derecho, la democracia y las leyes apenas pueden con las segundas, que se convierten así en mucho más peligrosas. Mentiras y mentiras, que emponzoñan nuestra convivencia y ponen en peligro nuestro futuro. Ellas son la amenaza real del porvenir canario, y no la inmigración. Ellas son las que nos agreden y las que ambicionan manipularnos. Y contra ellas va siendo hora de que organicemos también alguna manifestación.