La actual reforma del Estatuto, cuando el transcurso del tiempo le dé perspectiva suficiente, será contemplada como un paso más -tal vez importante- en la larga búsqueda de un lugar para Canarias: en España, en Europa, en la región africana donde estamos, en la conexión americana que hemos sido y somos… y ante el mundo.

Durante siglos hemos sido pertenencia española. Hoy somos España, como lo son otros pueblos que disfrutan, como nosotros, de una fórmula de convivencia en paz y libertad. Hablo de España. De una realidad histórica, cultural, humana, fecunda y atormentada que nos inspira a muchas personas la adhesión suficiente para sustentar un Estado. Muchos canarios actualizamos esa decisión de ser españoles por sentimientos, por convicción y por conveniencia.

A Canarias nunca como ahora le ha convenido ser España. No sacralizo nada. Esta convicción es simplemente producto de la reflexión. Aunque los sentimientos caminen en la misma dirección. Ni más, ni menos.

Estoy convencido de que esa aspiración propia de todo pueblo que toma conciencia de serlo: la de tomar las riendas de su destino y de sus asuntos, en un tiempo en que la soberanía formal dista cada vez más del ideal de soberanía y de la soberanía efectiva, no tiene mejor cauce que el de participar en la España democrática de hoy; con ella en Europa y con ambas en el mundo.

Ni España ni Europa son hoy un obstáculo para nuestra proyección internacional, la de Canarias. Al contrario, la arropan. Dependerá, en buena medida, de nuestra iniciativa, del acierto de nuestros dirigentes políticos y empresariales, de nuestra capacidad de influir, de relacionarnos, lograr que los asuntos que nos ocupan y el enfoque que pretendamos darles afloren en las agendas de los entes y de las negociaciones internacionales.

Por ejemplo: las Cortes deberán reconocer y a la postre los países interesados aceptar que las aguas situadas entre las Islas son el Mar de Canarias. Y que el mar territorial del Reino de España se extienda desde el Archipiélago y sus aguas interiores, el mar de Canarias, hacia alta mar. Porque es necesario para proteger muchos intereses legítimos de los canarios y darle, por fin, a nuestro autogobierno un ámbito geográfico apropiado. Y porque, en realidad, no hay argumentos constitucionales o jurídico-constitucionales en contra que sean consistentes.

En la evolución de la España autonómica está pesando mucho la dialéctica entre nacionalismos. Los nacionalismos tienden a las lealtades exclusivas, entienden poco o nada de lealtades compartidas que muchos ciudadanos tenemos libremente establecidas.

Y en esa conflictividad nacionalista, centro-periferia, cualquier conflicto de poderes se dramatiza, se entiende como agresión a esencias e identidades. El poder, todo poder, tiene la tendencia casi biológica a expandirse. Pero un conflicto de poder o, en clave jurídica, de competencias es sólo eso. Y, además, algo connatural a los sistemas políticos complejos, de raigambre federalista. Como el nuestro. Esa conflictividad competencial va presentándose y resolviéndose en medio de ciertas pautas evolutivas. Y a ritmos asimilables, que no cuestionen a diario los fundamentos ni amenacen la eficacia del sistema político. Ni, por tanto, debiliten su legitimidad.

Las competencias estatales no lo son por mandato de la naturaleza. Son fruto de la historia y de convenciones jurídicas y políticas. Y, como el mismo concepto de Estado, como cualquiera de los Estados, no tienen sello de eternidad.

Todo el ensamblaje constitucional, todos los principios y criterios en que se funda nuestra organización política, la de España y la de Canarias, tienen ya una autoridad moral, una auctoritas, ganada por los esfuerzos realizados durante mucho tiempo y por muchos millones de personas para alcanzar este sistema de libertad y de convivencia entre los pueblos, para consolidarlo y para defenderlo. Y por sus frutos. Por eso, no caben frivolidades.

Hoy, y hasta donde uno puede vislumbrar el horizonte en este mundo vertiginoso, la soberanía efectiva a la que podamos aspirar los canarios tendrá sus más sólidos anclajes en nuestra participación en la España democrática. Y, recordando a Azaña, está llena de sentido la afirmación de que la libertad de Canarias, ante los otros pueblos y países, y la libertad en Canarias -como forma de vida de sus habitantes- está ligada a la libertad de España.



* Santiago Pérez García es diputado del Parlamento de Canarias y concejal del Ayuntamiento de La Laguna.