Diario de Avisos
Tacoronte


La Plataforma en Defensa de la Costa de Tacoronte-Acentejo ha presentado ante la Consejería de Infraestructuras del Gobierno de Canarias alrededor de 1.300 alegaciones en contra del proyecto del puerto deportivo en el litoral de Tacoronte, en la zona de Mesa del Mar, junto a la playa de La Arena. A juicio de este recién creado colectivo de ciudadanos, la ejecución de dicha infraestructura supondría "un atentado ambiental en un espacio natural protegido que ocupa una superficie igual a la de 42 campos de fútbol".

La Plataforma, que también lleva recogidas miles de firmas de rechazo a esta iniciativa privada, quiere presentar hoy un escrito en la sesión plenaria que celebra el Ayuntamiento de Tacoronte, con el fin de que todas las formaciones políticas que integran la Corporación local manifiesten su "rechazo rotundo" al proyecto portuario. Igualmente, reclamará que se solicite la ampliación del periodo de información pública. "Tanto Coalición Canaria como el PSOE se han mostrado contrarios a esta infraestructura -señalan-, por lo que la Plataforma considera que un acuerdo unánime del pleno sería la mejor manera de blindar la oposición a este proyecto, y el Gobierno de Canarias no tendría argumentos sólidos para imponerle a un pueblo una actuación de tales dimensiones".



Argumentos

En el colectivo vecinal consideran que la construcción de un puerto deportivo "de unos 417.687 metros cuadrados"generaría un grave impacto medioambiental "en un entorno natural delicado -subrayan-, de gran belleza, alta fragilidad y gran cantidad de valores naturales y patrimoniales dignos de protección y conservación".

Para ilustrar este rechazo, los miembros de la Plataforma mencionan una extensa serie de argumentos. Así, desde el punto de vista de los valores patrimoniales e históricos, afirman que "el proyecto se ubica colindante, e incluso llega a invadir, el ámbito territorial de un tramo de acantilado que posee un alto valor arqueológico, lo que motivó -explican- que el propio Ayuntamiento de Tacoronte solicitara en 2001 su declaración como Bien de Interés Cultural, con categoría de Zona Arqueológica". "Posteriormente, la Comisión Insular de Patrimonio Histórico del Cabildo dictaminó de forma favorable la iniciación del correspondiente expediente", agregan los representantes de la Plataforma. "Pese a que hasta la fecha no se ha producido la declaración definitiva -puntualizan-, la incoación del expediente conlleva la aplicación provisional del mismo régimen de protección previsto para los bienes declarados de interés cultural y su entorno".

Por otra parte, el colectivo ciudadano también considera que el proyecto adolece de falta de información sobre aspectos relevantes, como el relativo a los accesos, al abastecimiento de los materiales necesarios para la ejecución de la obra o a las edificaciones que plantean. De la misma manera, en la Plataforma subrayan que el estudio de impacto ambiental que le acompaña "incurre en multitud de flagrantes contradicciones".