Pepi Déniz
Santa Cruz

La historia del puerto de San Andrés comenzó en el año 1992. La empresa Mariano Cabrera, S.A. solicitó al Gobierno de Canarias la concesión administrativa para la construcción de un puerto deportivo en el frente marítimo del pueblo marinero de Santa Cruz. El proyecto no fraguó entonces, según argumenta el propio interesado, por el conflicto existente entre aAministraciones autonómicas y del Estado. Recientemente, una sentencia le quitó cualquier opción para poner en marcha su iniciativa. Sin embargo, alguien más se interesó por ello.

En esta segunda ocasión se trataba de una constructora cuya cabeza visible era el empresario José Ana Pérez Labajos. Su petición llegaría en 1997, y en principio, las Administraciones darían el consentimiento a una empresa que recibiría el nombre de Parque Marítimo de Anaga, Sociedad Anónima. Fueron los vecinos y la propia Cofradía de Pescadores de San Andrés los que pusieron objeciones a un proyecto destinado a ocupar unos 300.000 metros cuadrados; dos tercios serían sobre agua, y la Autoridad Portuaria justificaba la obra como una forma de dar una solución a la falta de un espigón de protección en San Andrés, para evitar así los embates anuales del oleaje.

Otras empresas también consideraron que tenían parte en este proyecto, y presentaron las oportunas alegaciones, que fueron desestimadas. El plan original fue redactado por el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Eduardo E. García Rodríguez. El proyecto contemplaba un puerto deportivo con atraques, centro comercial, aparcamientos, espacios verdes y helipuerto. También habría un club náutico deportivo (con pisicinas, escuelas de cancha y vela), salas multidisciplinares y espacios peatonales y urbanos. La explotación tendría una concesión de 30 años.

A este segundo proyecto fueron los pescadores quienes más se opusieron. Argumentaron que desde 1995 la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias había redactado un plan para construir un refugio pesquero en condiciones no sólo para la flota artesanal, sino también para la enseñanza de actividades náutico-pesqueras. Ya entonces, el proyecto de la playa de Las Teresitas estaba en ciernes y los pescadores necesitaban un lugar. En 2006 están destinados a permanecer en contenedores hasta que alguien les busque un sitio, pues el refugio pesquero sigue sin fecha de ejecución. Los pescadores criticaron que el proyecto les dejaría de prestado en la costa en la que trabajaban, que el daño de la obra sobre los cebadales vería afectado su equilibrio ecológico y por tanto, su pervivencia. La playa de Las Teresitas, señalaban en su alegación, se convertiría en otra playa dentro de un puerto, viéndose afectada por la marina, así como en el futuro la continua entrada y salida de barcos. A todo se le contestó que dentro del proyecto se les dejaría espacio para un refugio pesquero. Los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente del Ejecutivo canario observaron, por ejemplo, que no había declaración de impacto, que no se contaba con Plan Director de la costa de San Andrés y que la obra estaba fuera del Plan Especial del Puerto.

En los documentos y modificaciones que se hacían en un recorrido que se prolongaba ya hasta 2002 llevaban la firma del presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Suárez Trenor. Entre tanto, comienza la revisión del Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife, y allí también se recoge la inclusión de este proyecto. Los documentos que pasan por las administraciones desestiman las alegaciones de antiguos concesionarios, pescadores y otras empresas implicadas.

Polémico

Ante el hecho de que no se contara con ninguna previsión sobre el proyecto y su impacto ambiental, observado desde la Consejería de Medio Ambiente, la Autoridad Portuaria replicó que se había vislumbrado esta posibilidad. Así se recoje en el otorgamiento de la concesión, con fecha del 12 de marzo de 2002. Igualmente se señala que no hace falta licencia municipal hasta que se hagan los rellenos, sino que depende exclusivamente de la Autoridad Portuaria. La concesión fue firmada por el entonces director del puerto, Manuel Fernández del Castillo. Mientras, los vecinos de San Andrés se manifestaban pidiendo que el frente marítimo quedara libre. La consigna era: “No queremos perder las vistas del mar”. En mayo de 2004, el ingeniero de Caminos Canales y Puertos Javier Martínez García presentó una modificación del proyecto, redactado en La Laguna, en el que, utilizando la declaración de impacto medioambiental anterior, presenta un nuevo plan en el que se han recortado los espacios. En total serán 146.361 metros cuadrados, de los cuales 118.830 forman la explanada marítima [ver cuadro adjunto]. La reducción es del 70%. Aseguran que no se dañará al Lugar de Interés Comunitario de San Andrés y que “se afectaría escasamente a los aspectos ambientales del entorno marino de San Andrés”. Los rellenos que se iniciaron el pasado año han reducido significativamente la pesca en la zona, según la cofradía, además de las numerosas denuncias que se han realizado desde los grupos ecologistas. Esta modificación del proyecto, en principio, no conlleva estudio de impacto, como se dijo anteriormente, si bien desde el Ministerio de Justicia y ante una consulta remitida por la Autoridad Portuaria se deja en manos del puerto la decisión, según informe fechado el 17 de junio de 2004.

Más cambios

Con un nuevo contrato, habría un nuevo canon. Esta vez, y como fianza de explotación, Puertos debería recibir 100.575,20 euros, cantidad “que se consignará en metálico o con aval bancario a disposición del presidente de la Autoridad Portuaria”. El proyecto básico de la concesión administrativa de la entidad Parque Marítimo de Anaga fue firmada el 22 de julio de 2004. El 8 de noviembre del mismo año se firma un nuevo documento sobre la revisión de la concesión para la construcción un puerto deportivo y un club de mar en la zona de servicio del puerto deportivo. Éste incluye el nombre de Julio Aumente, no como arquitecto, sino como representante de la entidad mercantil Parque Marítimo Anaga. Expone que acepta las condiciones del Plan General de la ciudad, así como el del puerto, pero advierte que no pagará canon o sanción alguno, ya que la obra no se ha iniciado por esta causa y por tanto los plazos han de adaptarse. El nuevo proyecto está redactado por Viarito Ingenieros. El proyecto ocupa 239.979 metros cuadrados. Parque Marítimo de Anaga se deberá abonar por semestres 201.150, 40 euros a la Autoridad Portuaria durante 30 años. Las tasas se revisarán anualmente y la fianza inicial es de 100.575, 20 euros. Con la obra a punto de iniciarse, hay dos nuevas situaciones: una, de dónde saldrá el relleno y dos, si es necesario hacer un estudio de impacto medioambiental. En el primer caso, todo apunta a que se explotará la antigua cantera de Jagua. Las obras comenzaron cuando apenas se había presentado el avance del plan de explotación en la Dirección general de Minas. El proyecto fue frenado tras comprobar, primero, que afectaba a una zona de barrancos (la de Cueva Bermeja); segundo, que no tenía licencia. Sobre si se necesita declaración de impacto la Autoridad Portuaria hizo consulta al Ministerio de Medio Ambiente el 3 de febrero de este año.

Cambio de manos

La empresa Parque Marítimo de Anaga se constituye el 27 de noviembre de 1996, con un empleado y un capital social de 5,8 millones. El 31 de diciembre de 2004 aparece el nombre de Grupo Unido de Proyectos como accionista de la empresa con un 42,08% de las acciones, según el registro mercantil. El 4 de enero de 2006 Forum Filatélico es dueña de otro 42,08%. José Ana Pérez Labajos, primer concesionario, confirma ahora que ha vendido su parte y que espera el inicio de la obra para cobrar. Y la obra, claro, sigue sin comenzar.