Han tenido que morir once ciudadanos en Guadalajara para que el Gobierno central, y con él todas las comunidades autónomas, entren en reflexión y decidan dotarse de una serie de medidas excepcionales para prevenir y, en su caso, atajar los incendios forestales. Es, lamentablemente, la política de siempre: gobernar con improvisación, a golpe de decreto o decreto-ley, cuando -la experiencia así lo prueba, y dolorosamente- es preciso prepararse con manuales o protocolos de actuación perfectamente claros, definidos y de utilización universal, así como con anticipación inteligente, sobre todo cuando -como es el caso- se preveía un verano seco o muy seco, tras la perniciosa falta de lluvias, y por tanto muy proclive para la declaración y propagación de incendios en el monte.

En tiempos en que los satélites espaciales y las comunicaciones instantáneas de alerta temprana pueden detectar la inmediatez de cualquier fuego, aquí, en España, estamos aún casi en pañales en lo que a prevención se refiere. Otro tanto sucede con los hidroaviones, de los que solemos utilizar unidades un tanto anticuadas y de escasa capacidad para el transporte de agua cuando ya existen modelos de gran capacidad de carga y debidamente equipados con visores nocturnos que pueden -en todo tiempo- combatir el fuego con prontitud y eficacia. Porque la clave para atajar cualquier incendio radica precisamente en la rapidez para detectarlo y en la inmediatez para combatirlo.

Aquí en Canarias el progresivo abandono de la explotación de los montes, con la consiguiente mala limpieza de los mismos, crea un cierto caldo de cultivo que puede propiciar un mayor peligro de incendio, y más si se tiene en cuenta la inveterada costumbre de acudir al monte para distintas celebraciones y ágapes de amigos o familiares. No basta por ello con poner el máximo cuidado en la conservación del entorno forestal, sino que en ocasiones -como las que climatológicamente hoy imperan- es obligado que las autoridades decreten la prohibición de fumar o hacer fuego en espacios abiertos o áreas recreativas e incluso prohíban el tránsito de vehículos y hasta personas por zonas de alto riesgo, bajo severas multas administrativas o rigurosa aplicación del Código Penal.

El bosque es vida que mantiene la diversidad biológica, proporciona oxígeno, combate la erosión y atrae el agua, de ahí su enorme valor para toda la sociedad y la necesidad de mimarlo permanentemente preservando su repoblación, cuidando su limpieza y reparando los cortafuegos. Del mismo modo, su vigilancia y la profesionalización de los servicios correspondientes forma parte de los inevitables protocolos de actuación que exige la importancia de este medio natural, no pocas veces atacado por intereses económicos inconfesables, por pirómanos desalmados o por ciudadanos negligentes y descuidados sobre los que debe caer todo el peso de la ley.

Lo sucedido estos días en Gran Canaria, Extremadura o Guadalajara -sobre todo en esta última provincia, donde la descoordinación fue clamorosa- debe constituir una severa llamada de atención para que todos asumamos nuestras obligaciones de buen grado, sumándonos así a la noble causa de la defensa de nuestros bosques. Y para que los responsables públicos, que nos representan a todos, se dejen de peleas, discusiones y descalificaciones -y si no son capaces, que presenten su dimisión- y se ocupen de la defensa del patrimonio de todos los ciudadanos.