Vicente Pérez
Santa Cruz


El comisario de Transportes, el francés Jacques Barrot, se comprometió ayer a estudiar "con todo detenimiento" los proyectos que el Gobierno estatal y el Gobierno canario acuerden presentar a la Comisión Europea para acogerse a los fondos destinados a las redes transeuropeas de transporte, al tiempo que prometió conceder "un enfoque específico" sobre las regiones ultraperiféricas (RUP), entre ellas el Archipiélago, en la revisión del llamado Libro Blanco de Transportes.

En su tercer día de visita oficial a Canarias, Barrot anunció que su departamento ha encargado prolongar las redes de transporte europeas hacia los países no comunitarios, y en esta tarea prometió que "examinará las necesidades de Canarias" y sus posibilidades de recibir financiación comunitaria para "crear enlaces con África,", dentro del programa europeo Marco Polo, que permite fomentar líneas marítimas de tráfico de mercancías de un estado miembro a un país tercero.

Tras sobrevolar con el presidente del Gobierno canario, Adán Martín, la zona portuaria de la capital tinerfeña y el enclave elegido para el muelle industrial de Granadilla, ambos ofrecieron una rueda de prensa en la sede de Presidencia de la capital tinerfeña. A pocos metros de allí alrededor de 150 personas se manifestaban en ese momento contra el proyecto del puerto de Granadilla, convocados por la plataforma Ya está bien.


Puerto del sur

La protesta de los ecologistas no dejó indiferente a Barrot, quien dedicó buena parte de su intervención a dejar claro que en esta visita se ha limitado a "examinar el emplazamiento" del futuro puerto y a "tomar nota" de las razones de las autoridades españolas para su construcción, pero negó que haya tomado partido por esta obra. "Por favor, que quede claro", apostilló.

El alto cargo comunitario confirmó que el próximo 12 de octubre la Comisión Europea, de acuerdo a los informes de los servicios de Medio Ambiente, decidirá si el proyecto del puerto de Granadilla respeta la legislación europea y si no existen alternativas a esta obra. En caso de cumplir estos requisito, indicó que el proyecto recibirá financiación comunitaria en el marco de la política regional.

El ex ministro francés confesó sentirse "sorprendido" por algunos titulares de la prensa canaria en los que se decía que él aprobaba este proyecto. "Yo nunca he dicho eso", reiteró, antes de recordar que la resolución de este expediente compete al comisario y al director de Medio Ambiente de la UE. De ahí que no quisiera entrar a valorar el posible impacto ambiental de este puerto en los espacios protegidos de Los Sebadales del Sur y la playa y las dunas de El Médano, protegidos por la legislación de la UE. "No puedo asumir un papel que no me corresponde", puntualizó, antes de excusar por esa misma razón su negativa a reunirse con los grupos ecologistas canarios durante esta visita.

Con quien sí mantuvo una reunión "muy larga" fue con el consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Antonio Castro, quien, según refirió Barrot, le informó de la dificultad de encontrar emplazamientos alternativos al puerto de Granadilla, así como los problemas existentes para ampliar el puerto de Santa Cruz "por la profundidad" del fondo marino.


Fondos europeos

En un tono elogioso hacia la política del Gobierno canario en pro de la mejora de las comunicaciones, el comisario dijo "entender" las necesidades de transporte de una región ulteperiférica como Canarias, y "compartir todos los esfuerzos efectuados para mejorar la red de carreteras, de puertos y de aeropuertos". Destacó que en el Archipiélago se ha dedicado a mejorar los transportes el 44% de los 2.000 millones de euros recibidos entre 2000 y 2006 con cargo a los Fondos Estructurales europeos.

Sobre las expectativas de Canarias en las próximas perspectivas financieras de la UE, Barrot enfatizó que "ha sido un gran defensor" de las regiones ultraperiféricas, y, en el caso de Canarias, recordó que en la negociación que mantienen los jefes de Estado y de Gobierno de los Veinticinco, la última propuesta sobre las RUP consiste en concederles una dotación específica de 100 millones de euros más 35 euros por habitante y año entre 2007 y 2013.