Vicente Pérez
Santa Cruz


La campaña informativa sobre el plan parcial de Las Teresitas costó 116.000 euros y la pagó la empresa adjudicataria de las obras del frente de la playa, Obrascón Huarte Laín (OHL) con la partida prevista en el presupuesto de adjudicación destinada a dar publicidad al proyecto. Así lo informó el alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, en su comparecencia ante el pleno municipal que convocó con carácter extraordinario tras la petición de PSOE y Grupo Mixto de que diera explicaciones por una campaña que tacharon de "falsa" y con visos de ilegalidad, mientras que el primer edil la consideró "más necesaria que nunca, ante la confusión creada a la población".

En un debate por momentos tenso y subido de tono entre el alcalde y el Grupo Mixto, Zerolo reiteró que los anuncios en prensa (a doble página) y en televisión "no se pagó ni con fondos municipales ni con los de Urbanismo, sino con cargo a la partida que tiene la propia obra en los pliegos de contratación para gastos de publicidad". Aún así, y ante las acusaciones de la oposición (Guimerá llegó a exclamar, con un gesto ostensible:"¡Qué cara!"), no vaciló en afirmar que hubiera defendido esta campaña de igual forma de haberse costeado directamente con fondos municipales. A juicio de Zerolo, para el Ayuntamiento era una "obligación informar a los vecinos" sobre "qué y por qué se va a hacer en Las Teresitas", ante las "dudas" que estaban generando en la población las "informaciones tan tergiversadas que se estaban dando".



Posible ilegalidad

Unos argumentos que no convencieron, sino que indignaron aún más a la oposición, que puso en duda la legalidad de la campaña, pues podría vulnerar la Ley estatal de Comunicación y Publicidad Institucional. El portavoz del Grupo Mixto, Guillermo Guigou, y el ayer portavoz del PSOE, Ramiro Cuende, se preguntaron "porqué una empresa adjudicataria tiene que salir a defender al Ayuntamiento de presuntas irregularidades y a los empresarios" que vendieron los terrenos al Consistorio, logrando más de 120 millones de euros en plusvalías .

Guigou consideró que si la publicidad la pagó OHL, debería haber aparecido el logotipo de esta empresa en los anuncios, y no los del Ayuntamiento y de la Gerencia de Urbanismo. "Todo esto es una falta de respeto a la inteligencia y a la democracia;pues aquí no ha habido dudas en la población sobre las obras, sino una querella de Anticorrupción y varios contenciosos administrativos". Como quiera que Zerolo insistió en que la campaña era "una demanda ciudadana, y el Ayuntamiento ha recibido gran cantidad de llamadas agradeciendo que por fin se enteraran de lo que se iba a hacer en la playa", Guigou dijo que el alcalde "no cree ni lo que él mismo dice" y abundó en que esta propaganda ha sido "una gran manipulación".

Por su parte, Cuende calificó la intervención del primer edil como "enormemente penosa", pues "sus explicaciones no son suficientes para justificar una campaña engañosa, pobre, malintencionada, y que confunde a la opinión pública". El concejal reprobó que en los anuncios "se habla de que los empresarios no dieron un pelotazo, cosa que es falsa, pues ganaron mucho dinero porque el Ayuntamiento les compró el frente de playa, y no por una sentencia del Supremo". Además, "habrá que decirle a la adjudicataria que no es quién para decir que los concejales mienten, pues el PSOE no ha mentido", subrayó el edil socialista, quien reparó en un hecho, no desmentido ayer:"OHL aún no ha cobrado ni un duro, pese a que ha pagado esta campaña, por lo que espero que no esté financiando una campaña electoral".

El PP, en cambio, no dudó de la legalidad de la campaña, aunque, paradójicamente, solicitó, por boca de Cristina Tavío, un informe del secretario municipal al respecto, "tras las acusaciones vertidas en el pleno" por la oposición.

Por otra parte, la corporación aprobó (con la abstención del PSOE) pedir a la comisión estatal de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo que, tras acordar que los ex ediles del PNCno son tránsfugas, aclare si deberían mantener las ventajas del grupo municipal o ser no adscritos. Entretanto, los servicios jurídicos municipales elaborarán un informe para determinar si deben tomarse medidas cautelares con relación a este Grupo Mixto.