No se trata de un juego de palabras, ni de una broma pesada. Se trata de empezar a hablar con la verdad por delante tratando de dejar al margen circunloquios que lo único que pretenden es encubrir la realidad. Y la realidad no es otra que cuando se habla de privatización de la empresa pública se está confundiendo a los ciudadanos, porque lo que de verdad ocurre es lo contrario. Es el Estado el que resulta "privatizado en beneficio de una parte de la sociedad, unos grupos concretos, que dicen defender intereses generales y que, básicamente, defienden su fuente de poder y sus rentas.

Para acabar con esta situación, sólo resta hacer ’pública’ la empresa, es decir, privatizarla" (A. Cuervo). Téngase en cuenta que, en general, la empresa pública en España es punto de referencia de un modelo de sindicalismo caracterizado en lo fundamental por la consecución de objetivos económicos particulares que nada tienen que ver con los fijados para el resto de los trabajadores de las empresas privadas, y mucho menos, con supuestos fines sociales o estratégicos presididos por el interés público (esto último es pura ideología).

Esta situación, en la actualidad, se trata de extrapolar por parte de los sindicatos al resto del personal de la Administración Pública, lo que ya está conduciendo a una situación de verdadera crisis cuyas consecuencias negativas, de no adoptarse las medidas necesarias, serán en el inmediato futuro irreparables. La Administración pública tiene encomendados por ley el cumplimiento de determinadas funciones, y éstas sólo pueden ser realizadas directamente por ella. Es el caso de la recaudación de los tributos. Al tratarse de una función pública, la ley prohíbe que una empresa privada pueda realizarla. Cuestión netamente distinta es el caso del servicio de suministro de agua a los ciudadanos.

En el caso de nuestro municipio, este servicio ha sido desarrollado por una empresa pública, EMMASA. En términos de lenguaje político-sentimental está muy bien eso de proclamar que estamos ante una auténtica "joya de la Corona", que se trata de una empresa emblemática de todos los chicharreros, y que cualquier intento de poner en manos privadas un patrimonio "común e indivisible" es un atentado de lesa patria. Si además, ese lenguaje se acompaña de acusaciones falsas y mentiras, el resultado es el esperado: favorecer un estado de opinión contrario a la verdad y a los auténticos intereses públicos.

Aquí la verdad no es otra que la de estar convencidos de que los actuales niveles de eficacia y eficiencia en la gestión del servicio que presta EMMASA, se verán automáticamente mejorados a partir de la presencia de la iniciativa privada en las tareas de gestión de la empresa, y no porque ello sea un acto de fe, sino porque la experiencia lo demuestra de manera fehaciente. Pero además, no sólo exigencias de un mejor funcionamiento aconsejan el proceso de privatización de EMMASA, sino también, la necesidad de poder contar con unos recursos financieros que permitan a nuestro Ayuntamiento acometer un ambicioso plan de inversiones 2005-2008 en obras fundamentales de infraestructura para la ciudad, y en la que un capítulo central del mismo son las obras en los barrios.

La fijación de las condiciones de privatización, entre las que cabría destacar la garantía de los actuales puestos de trabajo, la posibilidad de que al concurso puedan presentarse uniones temporales de empresas, la garantía de que corresponde al Ayuntamiento en exclusiva la aprobación de las tarifas, la presencia de representantes políticos en el Consejo de Administración de la empresa, etcétera, no sólo han sido determinadas con rigor por los técnicos municipales, sino que también, muchas de ellas son la traducción de observaciones e ideas puestas de manifiesto por los grupos de la oposición municipal.

Es evidente que está aún por llegar el día en que el espíritu de empresa se equilibre con el espíritu administrativo. Pero de la sabia combinación de ambos depende en buena medida la garantía de un desarrollo económico estable, armónico y saludable para todos.





* Guillermo Núñez es portavoz de CC-ATI en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.