REDACCIÓN
Santa Cruz



La Comisión de Urbanismo de la Demarcación de Tenerife, La Gomera y El Hierro del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias se reunió este pasado miércoles para debatir el Anteproyecto de Ley, sometido a participación pública, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, y sobre el que el Gobierno ha anunciado: "…poder remitirlo al Parlamento antes del verano, a fin de que entre en vigor en seis meses".

Participaron quince arquitectos y, una vez expuestas las distintas opiniones, se evidenció la enorme coincidencia en la valoración de los problemas claves de la Ley, en especial, en cuanto a la preocupación suscitada por la divergencia que existe entre la exposición de motivos y las medidas propuestas.

Compartiendo la necesidad de facilitar la tramitación del planeamiento, clarificar el marco legal, incentivar el desarrollo rural, la actividad industrial, la producción de energía a partir de fuentes renovables, así como abordar el marco en que se desarrolle la actividad turística en los próximos años, a juicio de los urbanistas reunidos: "este proyecto viene a agravar la situación en la que se encuentra la planificación en Canarias y las medidas contempladas no van a favorecer la dinamización sectorial y turística", contemplada en el propio título de la ley, al no responder a las necesidades reales de los distintos sectores económicos y al abordarse sólo desde la perspectiva urbanística.

Sin embargo, mostraron su convencimiento de que hay soluciones y se ofrecieron como colectivo a colaborar en su materialización. Por ello, antes de transmitir la idea de un futuro pesimista y ciñéndose a una mera crítica del trabajo realizado por el Gobierno, creen que existen fórmulas para abordar estas cuestiones si se implican a los sectores afectados y se produce una real cooperación ínter administrativa. En concreto, apuntaron que "sorprende que los departamentos competentes del Gobierno y de los cabildos en materia de Turismo no hayan tenido un papel protagonista en las regulaciones que afectan al sector".

Los arquitectos urbanistas subrayaron que la primera observación que hay que hacer se refiere al fallo del propio proceso, cuestión que ha sido ampliamente reclamada a lo largo de la última semana por distintas administraciones locales, asociaciones empresariales, colectivos profesionales y grupos ecologistas. En este sentido, se manifestó que "es de lamentar que un Proyecto de Ley que puede suponer una modificación relevante del vigente ordenamiento jurídico en materia de ordenación del territorio y urbanismo, y con enormes repercusiones sobre el suelo rústico y la actividad económica más importante de las Islas como es el turismo, no haya sido debatido antes con los distintos colectivos, agentes sociales y administraciones directamente implicadas en estas cuestiones y no haya sido sometido a un proceso de participación más amplio, adecuado a la complejidad de cada una de las materias, y a una mayor reflexión técnica aprovechando las aportaciones especializadas de los distintos colectivos profesionales".

Escaso rigor.

La Ley sometida a participación pública constituye para los arquitectos un texto "con escaso rigor como norma legal, en cuanto cuenta con numerosas imprecisiones a la hora de citar términos propios del planeamiento, introduciendo un sin fin de conceptos jurídicos indeterminados o nuevos instrumentos que no define".

A su vez, añaden, "la aplicación de los preceptos de la misma introduce contradicciones con otras legislaciones vigentes como son la ley del Territorio y las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias", para concluir que todo ello, "en lugar de contribuir a clarificar y simplificar el marco legal en matera de ordenación del territorio y agilizar los procedimientos administrativos, va a introducir numerosas indeterminaciones a la hora de aplicar la legislación en vigor, con el consiguiente perjuicio a los particulares y a la propia Administración".

Además, aseveran que la actual Ley del Territorio de Canarias "adolece de una excesiva dependencia de un desarrollo reglamentario que tras diez años de existencia continúa con ausencias tan notables como el Reglamento de Planeamiento, lo que provoca que continúe aplicándose el Reglamento de Planeamiento Estatal de 1978".

En la misma línea, la Ley de Medidas Urgentes "somete la aplicación de sus determinaciones básicas a un futuro desarrollo reglamentario, lo que, sin duda, va a añadir mayores incertidumbres y mayor inseguridad jurídica a los ciudadanos porque no se ataca de fondo los problemas, como son, en primer lugar, la extrema complejidad del entramado legislativo y la incapacidad tanto de las administraciones locales como de la autonómica para cumplir la normativa y desarrollar sus competencias en materia de planificación urbanística y territorial".

En la reunión se destacó que "con las últimas legislaciones en materia de ordenación del territorio, aprobadas en Canarias, se han introducido problemas antes inexistentes, se han vuelto cada vez más complejos los procesos administrativos, se exigen cada vez mayores contenidos a los planes urbanísticos y se crean cada vez más figuras jurídicas. En consecuencia, se tardan años en aprobar un plan y muchísimos meses, cuando no años, en obtener una licencia". Por esto, el Colegio de Arquitectos propone atacar directamente los problemas con medidas tales como la modernización de la Administración, la simplificación de los procesos y racionalización de los contenidos de los planes que permitan una mayor agilización.

Renuncia al planeamiento.

A pesar de las continuas referencias al desarrollo sostenible, se dijo que el Anteproyecto contiene de forma implícita una renuncia a la planificación, como herramienta para la ordenación del territorio con una serie de medidas cuya aplicación puede suponer la apertura a la colonización sin garantías del suelo rústico por actividades industriales, "lo que colisiona con principios básicos del ordenamiento jurídico estatal y autonómico en materia de suelo y ordenación del territorio."

Según se apunta desde el Colegio de Arquitectos, el planeamiento es "un instrumento esencial para la actuación de los poderes públicos en la ordenación de los usos del territorio a todas las escalas. Sin embargo, el resultado de las Medidas va a ser amparar por la legalidad, por el paraguas de la voluntad política de impulsar la economía, el sortear los planes, el facilitar la intervención sin planificación, el urbanizar y construir a golpe de actuaciones singulares en suelo rústico que no están contempladas en una planificación seria del territorio. De manera que lo que la ley debería contemplar como excepción se puede convertir para determinadas actuaciones en la regla".

Asimismo, aunque los urbanistas creen necesario que en casos excepcionales se debe garantizar la culminación de los proyectos que tienen un alto interés público, "parece claro que si no se arbitran las garantías suficientes, también pueden ser utilizados para escapar al posible bloqueo derivado de conflictos y para eludir las servidumbres que imponen los cauces urbanísticos ordinarios".

La inobservancia de este principio se reitera en múltiples determinaciones del Anteproyecto de Ley, "al limitar la participación ciudadana, sustraer competencias al pla-neamiento y atribuirlas a decisiones de carácter político, como, por ejemplo, al otorgarle al Gobierno la capacidad de aprobar actuaciones de urbanización de carácter industrial en suelo rústico, lo que "colisiona con el principio de preservar el suelo rústico del proceso urbanizador, recogido entre los principios generales de la ordenación establecidos en la Ley del Territorio".

Al respecto, los presentes en el Colegio recordaron que el fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Supremo, Antonio Vércher, ha denunciado que algunas comunidades autónomas están dictando normas en materia de urbanismo que contravienen el Código Penal para permitir legalizar construcciones declaradas ilegales o para evitar su derribo.