V.P.
Santa Cruz



El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha dado un plazo de 20 días a Amnistía Internacional (AI)y la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) para que desocupen el local de propiedad municipal que les cedió en su día. Sin embargo, el Consistorio ha tomado esta determinación sin tener decidido aún cuál será el nuevo uso que dará a este edificio, situado en el casco histórico de la capital, concretamente en la calle Santo Domingo.

El escrito remitido a ambas organizaciones no gubernamentales aparece firmado por la concejal de Patrimonio, Esther Sarrautte, quien ayer dijo que se había cursado esta orden de desalojo dado que le había sido imposible ponerse en contacto personalmente con los representantes de ATAN y AI. "Llevábamos tiempo intentando por todos los medios localizar a sus representantes, pero fue imposible, y no ha habido otra forma que notificar por escrito que deben desalojar el local", explicó la edil nacionalista.

Añadió la responsable municipal de Patrimonio que este inmueble se encuentra cedido "en precario", sin que exista, por tanto un documento en que se formalice la cesión.

En todo caso, Sarrautte mostró su disposición a dialogar con los representantes de los dos colectivos afectados, si bien no aclaró si la intención del Ayuntamiento es ofrecer un local alternativo a estas ONG. La edil reconoció que se ha ordenado el desalojo sin que el Ayuntamiento haya decidido aún qué nuevo uso le dará a este inmueble, situado en el número 10 de la calle Santo Domingo, entre el Teatro Guimerá y la calle La Noria. En cualquier caso, Sarrautte se afanó por dejar claro que la decisión tomada con respecto a este local no es un caso aislado, sino que se enmarca en su intento de "recuperar edificios patrimonio del Ayuntamiento regularizando su situación, pues hay algunos donde incluso hay bares y negocios, en los que el Ayuntamiento paga la luz y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), y eso no se puede permitir". "Nadie debe ofenderse por lo que estoy haciendo; me pagan por gestionar el patrimonio municipal, y no podemos dar por perdidas esas propiedades públicas, pues hace años que no se revisa ni se toca nada", comentó la concejal del PNC.

El edificio que ocupan la asociación pro-derechos humanos y la agrupación ecologista consta de tres plantas, cada una de ellas con una superficie de 30 metros cuadrados. En la primera se hallan las dependencias de AI y en la segunda las de ATAN, si bien al parecer la planta baja está desocupada.

La edil fue tajante al afirmar que en ningún caso esta orden de desalojo obedece a la actividad crítica con las administraciones públicas que realizan asociaciones como ATAN, que ha entablado en su historia numerosos litigios judiciales contra decisiones adoptadas por organismos públicos. Especialmente llamativas han sido las acciones emprendidas contra la propuesta inicial de nuevo deslinde público de la playa de Las Teresitas, alegaciones que han motivado que la Dirección General de Costas asuma que una parte de los terrenos adquiridos en su día por el Ayuntamiento a Inversiones Las Teresitas SL por 52,6 millones de euros se encontrarán en dominio público cuando culmine el expediente.

Este diario trató ayer de contactar, sin éxito, con representantes de los dos colectivos afectados por la orden de desalojo.