V.P.
Santa Cruz


Los concejales de Iniciativa por El Rosario-Verdes, Escolástico Gil y Jacinto Correa, se rafiticaron ayer ante el Juzgado de Instrucción Número 3 de Santa Cruz de Tenerife en la denuncia que presentaron contra el grupo de gobierno (PSC-PSOE) en el Ayuntamiento de El Rosario en el anterior mandato por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la tramitación del Plan Parcial de El Varadero.

La investigación judicial se encuentra en fase de instrucción y diligencias previas, y los referidos concejales fueron ayer los primeros llamados a declarar por el juez, después de que la Fiscalía de la Audiencia Provincial formulara denuncia al advertir indicios de los referidos delitos en los hechos denunciados en abril de 2007 por IR-Verdes, según informó ayer IR-Verdes en un comunicado.

El conocido como caso Varadero cuenta con varios antecedentes jurídicos, entre ellos tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en las que se dictaminan que el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) -que declara El Varadero como terreno protegido- prevalece sobre el plan de urbanización recogido en el Plan General de Ordenación (PGO) del municipio.

Dos de estas sentencias (una de septiembre de 2006 y otra de marzo de 2007) desestiman los recursos presentados por el Ayuntamiento y el promotor del plan parcial en 2002 contra el PIOT, mientras que la otra (dictada en julio de 2007 y conocida en septiembre de ese año), estimó el recurso presentado por IR-Verdes en 2004 contra la aprobación por silencio administrativo del Plan Parcial de El Varadero, que fue anulada por el TSJC. El Juzgado, según señalaron ayer Gil y Correa, " trata de esclarecer durante la instrucción si podría existir delito en la resistencia mostrada por el promotor y el alcalde, Macario Benítez, a admitir y cumplir la normativa que se interponía en la tramitación del plan parcial e impedía legalmente la urbanización de un terreno de unos 200.000 metros cuadrados, cuyo valor hipotecario en 2006 ascendía a 12 millones de euros, y habría generado el triple de plusvalías una vez edificado".

Actualmente también se tramita por vía contenciosa otro recurso de IR-Verdes al Plan General de Ordenación para que se anule definitivamente este plan parcial, pues todavía figura sólo como suspendido en el planeamiento.

En 2002, el alcalde envió un fax a la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente (Cotmac) para retirar el plan parcial el día en que se iba a tratar y sobre el que existían dos informes contrarios del Gobierno canario. Poco después, el Ayuntamiento recurre el PIOT, y en 2004 aprueba el plan parcial por silencio administrativo obviando del expediente su paso por la Cotmac y los reparos puestos por la arquitecta municipal.

En 2005, tanto IR-Verdes como el Gobierno canario recurren esta aprobación, pero el Ejecutivo regional retiró el recurso a pesar de que un auto judicial firme del TSJC le daba la razón en que el plan parcial debía suspenderse.

Luego recaerían las sucesivas sentencias judiciales, a pesar de lo cual, en mayo de 2007 la Cotmac, con el visto bueno del Cabildo, le dio la definitiva aprobación a esta urbanización dentro del Plan General.