ESAÚ HERNÁNDEZ
Santa Cruz


El viceconsejero de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Pulido, aseguró basarse en la Ley de Costas de 1988 para que el Ejecutivo haya concedido el permiso de construcción de la piscina y las zonas ajardinadas del polémico edificio de 14 viviendas proyectado en Tabaiba Baja. Según Pulido, la licencia de obra del edificio la da el Ayuntamiento de El Rosario "y nosotros a aquellos equipamientos que invaden la zona de servidumbre donde sí pueden haber usos y los autorizamos previo informe del Ministerio de Medio Ambiente".

El viceconsejero explicó que, respetando los primeros seis metros de los 20 de servidumbre que contempla la Ley para suelo urbano, se pueden hacer obras que invadan el dominio público como lo son, en este caso, una piscina y las zonas ajardinadas del complejo de viviendas de lujo, aseveró.

Pulido aseguró contar "con el informe favorable de la Demarcación de Costas" de Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Ministerio, "por eso nosotros concedemos autorizacion previa al Ayuntamiento que luego ha dado la licencia del edificio. El representante del Gobierno canario aclaró que la piscina y la zona ajardinada serán "de uso privado porque el terreno es privado, es un caso similar al de muchos hoteles de las Islas. Respetando los seis metros de servidumbre de paso, el resto es autorizable según la Ley del 88".

A este respecto el viceconsejero matizó que el Ejecutivo regional concedió el permiso a condición de que se respetara la servidumbre de paso y no se cerraran los accesos a las zonas de baño, algo que no ha ocurrido. Sin embargo, Pulido no se plantea retirar los permisos porque "hasta que se reconozca en el Estatuto nuestra competencia en el dominio público como ha hecho el PSOE con Cataluña, es cosa del Estado". Lo que sí hizo fue opinar sobre el cierre de La Playa del Moro de 8.00 a 13.00 horas que ha permitido Costas "para garantizar la seguridad de los bañistas". Según Pulido, "deberían garantizar el acceso a la playa para los vecinos. Es Costas la que tendría que garantizar los derechos de los ciudadanos y revocar ese permiso porque hay fórmulas suficientes para defender el interés público pero eso es un problema del Ayuntamiento y de la Dirección General de Costas". El viceconsejero señaló además que "lo lógico hubiera sido cerrar la playa después del periodo estival". Un verano al que todavía le queda por enseñar si la denucia de los vecinos a la Fiscalía Anticorrupción es aceptada y si sacan algo en claro con la reunión, mañana, con el Subdelegado del Gobierno.