ESAÚ HERNÁNDEZ
Santa Cruz
"Estoy en el fuego cruzado". Así describe su situación el promotor del polémico edificio proyectado en la costa de Tabaiba Baja -y además, hasta hace pocos años, jefe de servicio de gestión del Domino Público de la Demarcación de Costas en Tenerife-, por la discusión entre la Demarcación de Costas del Gobierno estatal y la Viceconsejería de Ordenación Territorial del Gobierno canario, que se lanzan mensajes sobre quién concedió el permiso.
Mariano González Becerra. Ese es el nombre que se repite, desde el sumario del caso Las Teresitas hasta los documentos del que bien podría llamarse el caso Deo Volente -"queriendo Dios", en latín- en honor al nombre de la empresa que construirá el inmueble, salvo si la denuncia a la Fiscalía Anticorrupción que han presentado los vecinos sigue su curso, o si el resto de la investigación judicial en la playa arroja nuevos datos.
González Becerra es ahora solo un empresario; eso sí, con ocho de las catorce empresas registradas a su cargo; de seis es presidente, de otra es administrador y de la última, que constituye en 1999 con el nombre de Pasabego, es actualmente apoderado. Su socia en esta entidad, con un capital superior al medio millón de euros, es María del Rosario Ortega Abraham, quien a su vez es la propietaria de la vivienda en Tacoronte que aparece como sede social de la empresa Deo Volente Sur SL.
González Becerra declaró como testigo en el asunto de Las Teresitas el 18 de diciembre de 2007. En el sumario se recoge que "el testigo promete decir la verdad. Que ha estado procesado hace años por un tema de facturas falsas en una empresa, hace como 30 años". Declara que "en el año 2001 trabajaba como ingeniero jefe del Servicio de Gestión en la Demarcación de Costas", a preguntas del Ministerio Fiscal, que intentaba aclarar las acusaciones de un escrito de alegaciones contra el deslinde de Las Teresitas que la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) envió a la Dirección General de Costas en Madrid, en enero de 2004, y que se ha convertido en otra de las claves del caso de Las Teresitas.
En el documento se explica "que mientras examinábamos el expediente se presentó el jefe de servicio de Gestión del Dominio Público, don Mariano González Becerra, quien preguntó por qué pretendíamos hacer alegaciones, puesto que él había escuchado muchísimo el tema y ya el deslinde estaba fijado por la sentencia del Tribunal Supremo de 1998. Tras una discusión, le ordenó al funcionario encargado del expediente que no esperara por nuestras alegaciones y que remitiera la propuesta a esa Dirección General, y que si no estábamos de acuerdo, que fueramos a los tribunales". A finales de 2001, Costas decide traspasar al Ayuntamiento de Santa Cruz las consesiones administrativas de Las Teresitas. Entonces, el alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, declara: "Había tres posibilidades de deslinde y Costas ha elaborado un informe que es muy bueno para lo que nosotros queríamos. Efectivamente, el deslinde propuesto ahora por Costas coincide con la petición del Ayuntamiento, y se ha realizado prescindiendo absolutamente del mandato legal del artículo 11 de la Ley 22/1988 de Costas". En las alegaciones, ATAN dice que "el deslinde propuesto modifica el deslinde provisional elaborado por la propia Demarcación de Costas en 1999 que afectaba a gran parte de las actuaciones previstas en el Plan Director del Ayuntamiento para la playa de Las Teresitas. Con la propuesta actual, se sitúa el límite del dominio público sobre el muro que delimita la zona de arena con los aparcamientos, según consta en el expediente, porque la sentencia del Tribunal Supremo del 29 de junio de 1998, así lo determina. No existe en el expediente justificación para este cambio".
Camino de Tabaiba.
Mario Martín Argomaniz y Mariano González Becerra, todavía funcionario de Costas, fundan Deo Volente el 14 de diciembre de 2004 con un capital de 3.100 euros. Dos meses antes de que Deo Volente compre el terreno de Tabaiba, el 15 de mayo de 2006, González Becerra deja, oficialmente, la empresa. Eso sí, el 4 de abril conseguía de la Viceconsejería de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias la autorización para ejecutar los jardines y la piscina en dominio público dejando seis metros para la servidumbre de paso, previo informe a favor de Costas, que se declara incompetente por estar el edificio proyectado más allá de los veinte metros de servidumbre que establece la Ley de Costas para suelo urbano. Es el Ayuntamiento de El Rosario el que, basándose en los informes, concede la licencia final que hoy se aplica, con una diferencia con la licencia del anterior dueño del terreno: un permiso de Costas para cerrar la playa mientras se asegura la zona de obras.
