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EL ROSARIO
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| La Subdelegación deniega desalojar a bañistas de Tabaiba sin orden judicial |
VICENTE PÉREZ
SANTA CRUZ
El subdelegado del Gobierno, José Antonio Batista, comunicó ayer a la promotora Deo Volente que no le facilitará protección policial para acometer las obras del edificio de Playa del Moro, en Tabaiba Baja, sin una resolución judicial que autorice a desalojar por la fuerza a los vecinos contrarios al cierre de esta zona de baño.
Así lo explicó ayer Batista a este diario al término de sendas reuniones que, junto al director de la Demarcación de Costas, Carlos González, mantuvo con el promotor, Mariano González Becerra (hasta 2005 jefe de la Demarcación de Costas), y representantes de la Plataforma de El Rosario, el colectivo contrario a estas obras. "El promotor me pidió si es posible darle protección policial para que los obreros puedan trabajar, pero yo no estoy en disposición de ello, pues se trata de un problema privado entre una empresa y vecinos, salvo que derive en un problema de orden público;otra cosa es que este conflicto entre en vía judicial y un auto determine la presencia de la fuerza pública", manifestó. González Becerra, por su parte, se negó ayer a hacer declaraciones a este diario, alegando que sus únicas manifestaciones sobre este asunto son, por el momento, las que ha concedido en exclusiva a otro rotativo tinerfeño.
Entre tanto, los vecinos libran una batalla contra un proyecto que cuenta con los permisos del organismo en el que trabajó el promotor, la Dirección General de Costas (para el cierre temporal de la playa), el Gobierno canario (para la ocupación de la servidumbre pública con una piscina y jardines) y el Ayuntamiento de El Rosario (que le concedió la licencia de obras, tras catalogar esta parcela como suelo urbano en el Plan General de Ordenación).
El subdelegado reconoció que "quizás la época en que han comenzado las obras no es la mejor", como sostienen los vecinos. Por ello, Batista se ofreció a "servir de mediador y trasladar al Ayuntamiento esta preocupación" vecinal. Dicho y hecho, porque ayer mantuvo una conversación telefónica con la concejal de Urbanismo, Ana Lupe Mora.
El subdelegado enfatizó que "aquí Costas es la Administración menos implicada en este asunto, y se ha limitado a autorizar el cierre de la playa, durante quince días, de 8 a 13 horas, y si es necesario a partir de las 19 horas, para evitar riesgos a los bañistas por los trabajos". Preguntado por el hecho de que González Becerra compatilibilizara negocios inmobiliarios privados con su cargo de funcionario de Costas, Batista dijo que "si alguien tiene indicios fundados de alguna irregularidad, para eso está la Fiscalía o los juzgados".
La portavoz de la plataforma, Lola Híjar, refirió que los vecinos se quejaron ante el subdelegado y el jefe de Costas "del mal hacer y la falta de sensibilidad de las administraciones, al no contar con los ciudadanos antes de cerrar la playa". Híjar sostiene que en la Ley de Costas "algunos artículos son de dudosa aplicación a este proyecto, en lo referido a la verticalidad del terreno y a la proporcionalidad, pues se urbanizará lo único que queda de acantilado". |
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