VICENTE PÉREZ
EL ROSARIO



Coalición Canaria (CC) en El Rosario ha decidido no personarse con IR-Verdes como acusación particular del caso Varadero, en el que la Fiscalía de la Audiencia Provincial ha denunciado al grupo municipal de gobierno (PSOE) por presunta prevaricación y tráfico de influencias. Este cambio de idea ha sido confirmado a este diario por el concejal de CC José Luis Arregui, quien había anunciado, por dos veces en 2007, que su partido se personaría en este caso si la Fiscalía encontraba indicios de delito, como finalmente ha ocurrido.

"Preferimos centrar nuestra acción en el ámbito político y no en el judicial, aunque políticamente mantenemos nuestro apoyo a IR-Verdes en este asunto", ha manifestado Arregui, desdiciéndose así de sus palabras anteriores. "Por supuesto que nos personaremos", fue la respuesta de Arregui en una rueda de prensa el 20 de septiembre de 2007, preguntado si mantenía su disposición a personarse en un posible proceso judicial contra el PSOE, como había anunciado meses antes en un comunicado. En aquella rueda de prensa, ofrecida para informar de su denuncia sobre las parcelas del alcalde en Montaña Carbonero (investigación que posteriormente archivó la Fiscalía), Arregui destacó la necesidad de que la oposición municipal permaneciera "unida" para esclarecer las presuntas irregularidades.

La decisión de CCde no acudir a los tribunales por el caso Varadero se conoce después de que, el pasado 24 de junio, los concejales de IR-Verdes Escolástico Gil y Jacinto Correa se ratificaran en su denuncia ante el juez titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Santa Cruz de Tenerife. Durante el presente año será llamado a declarar el resto de testigos e imputados del grupo de gobierno que preside el socialista Macario Benítez.

El plan para urbanizar 200.000 metros cuadrados en El Varadero tuvo el visto bueno del Ayuntamiento, el Cabildo y el Gobierno canario, a pesar de que, durante su tramitación, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias llegó a dictar un auto firme y dos sentencias -a la que siguió una tercera en julio de 2007- que lo declaran ilegal puesto que el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT), protege esta zona costera por sus valores medioambientales.