Abogada de profesión, María Luisa Cava de Llano trabaja desde 2000 en la Oficina del Defensor del Pueblo, donde ejerce como adjunta primera de Enrique Múgica. Dejó su escaño en el Partido Popular y se enfrentó a Aznar para denunciar que había orines, un hedor y hacinamiento "insoportables" en los centros de internamiento de extranjeros españoles, la mayor parte de los cuales ha visitado en numerosas ocasiones en los últimos ocho años. Ahora reconoce que la situación de acogida "ha mejorado", pero considera que se siguen quebrando algunos principios jurídicos. No en vano, Cava de Llano viajó en la época de Aznar a Fuerteventura y se encontró con un fraude en la asistencia letrada a los inmigrantes, que le costó la carrera a dos jueces canarios y el expediente a varios abogados que cobraban 100 euros por cada asistencia de oficio, a la que apenas dedicaban tres minutos por persona cada vez que llegaba una patera. Su experiencia en materia de Extranjería y su conocimiento del fenómeno migratorio la sitúan como una voz más que autorizada para analizar el drama al que asisten las Islas desde hace más de una década. DIARIO DE AVISOS ha dialogado con ella por teléfono durante un receso en los cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo.

- Con la entrada del verano vuelve a recrudecerse el fenómeno de la inmigración irregular que entra por vía marítima en Canarias. ¿Cómo se puede afrontar esta situación en un territorio tan limitado como las Islas?

"Las soluciones no son fáciles ni baratas; tampoco podemos pretender que la acción unilateral de nuestro país resulte suficiente. Para que los inmigrantes africanos dejen de venir por estas vías habría que cambiar demasiadas cosas en los países de origen. Sin embargo, siempre habrá que empeñarse en ir dando pasos en la buena dirección. Ahora bien, mientras no comiencen a cambiar las cosas de manera sustancial, hay que tener claro que este no puede ser sólo un problema de Canarias. Responder a estos dramas de una forma racional y respetuosa con los derechos humanos es un reto y una exigencia fundamental para el conjunto de las autoridades públicas españolas".

- De hecho, las quejas relacionadas con la inmigración en la Oficina del Defensor del Pueblo han aumentado mucho los últimos años en toda España, ¿no?

"Mucho. Cuando llegué a la Defensoría del Pueblo en 2000 no existía un área concreta sobre este fenómeno; tuvimos que crear una, que ahora es de las que más trabajo nos da. Y el trabajo que se está realizando en esta materia es muy tenido en cuenta y nuestros informes han tenido una gran repercusión, como el tema de la asistencia jurídica a los inmigrantes".

- Canarias demanda mayor implicación de la UE, y el Gobierno español insiste en trabajar en el origen. Pero Europa sigue sin tener demasiada relación con África, al menos a nivel institucional, ¿no cree?

"La realidad africana es extraordinariamente diversa y, en ocasiones, inestable, con lo que el mantenimiento de un alto nivel de relaciones políticas y económicas no es una cuestión precisamente fácil. Para actuar en esta materia deberíamos distinguir los diversos flujos que nos están llegando mezclados, puesto que no podemos desconocer la situación de quienes llegan con problemas de asilo u otras necesidades de protección internacional. Para los inmigrantes por motivos económicos poco de lo que hagamos tendrá verdadera eficacia mientras no seamos capaces de poner en marcha sistemas de selección en origen ágiles y realistas, que sean percibidos por los candidatos a la migración como una alternativa razonable y, al tiempo, que sirvan verdaderamente para las necesidades de nuestros empresarios. Este es un campo en donde la actuación coordinada de los países de la Unión Europea podría ser muy positiva, pero no sé si la situación de las instituciones europeas permitirá que se centre en estas cuestiones".

- La Directiva de Retorno marcará las políticas migratorias en el continente, que apuntan a un mayor control de las fronteras y devoluciones masivas, incluso de menores de edad. ¿Qué opinión le merece esta directiva?

"Esta directiva supone un punto de inflexión sobre cómo enfoca Europa las cosas en este terreno y es lógico que suscite dudas en muchos ciudadanos europeos. Pero no creo que la norma europea a la que usted se refiere pueda pretender seriamente marcar las políticas migratorias de la UE. Todo lo más puede considerarse la respuesta a un fenómeno concreto, como es el fracaso en el control de fronteras y en la regulación racional de los flujos. Las disposiciones de la directiva son demasiado heterogéneas y están demasiado abiertas a las decisiones nacionales en el momento de su trasposición. Precisamente, a causa de que las disposiciones de la directiva tienen que ser traspuestas al derecho español (principalmente a través de la modificación de la Ley de Extranjería) y dado que resulta posible que, llegado ese momento, se solicite de nuestra Institución la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra alguna o alguna de esas normas, los lectores comprenderán que en estos momentos no pueda expresar una opinión sobre algo que tiene aún que concretarse y que deberemos estudiar con todo detalle".

- Uno de los aspectos más controvertidos de la referida directiva es la posibilidad de aumentar el plazo de retención de los CIE. Usted ha visitado los centros de internamiento españoles, entre ellos algunos de Canarias. ¿Cree que están preparados para la detención de estas personas hasta 18 meses?

"Evidentemente no, aunque por las noticias que conocemos en España no se está planteando tomar este plazo, que sería el máximo posible en toda la UE".

- Desde distintos ámbitos de la sociedad (ONG, jueces, fiscales, sindicatos, etc) se cuestiona el actual modelo de CIE, porque se trata de personas que sólo han cometido una falta administrativa. ¿Cómo se posiciona usted?

"Cuando se puso en marcha la medida de internamiento, en la primera Ley de Extranjería de 1985, a nuestra Institución ya le surgieron dudas sobre la misma, por lo que recurrió varios de sus preceptos ante el Tribunal Constitucional. El Constitucional pronunció dos años después una sentencia en la que estableció las condiciones, límites y el marco de garantías en el que debían producirse los internamientos. A ese marco debemos atenernos todos. Por ello, el Defensor del Pueblo viene haciendo un seguimiento riguroso de la totalidad de estos centros e insiste en que es necesario cambiar la concepción global de estas dependencias. Es razonable que sea una privación de libertad no penitenciaria, y ese debate aún no se ha realizado con el debido rigor, muy a pesar nuestro".

- En Canarias hay una especial sensibilidad con el problema de los menores extranjeros no acompañados. En su último informe anual, el Defensor del Pueblo denunció irregularidades y situaciones de "grave riesgo" en estos centros de menores. ¿A qué se refería exactamente? ¿Se trata de situaciones donde debería actuar la Fiscalía de Menores?

"Nuestras valoraciones sobre los centros visitados en Canarias en 2007 están en el informe al que usted se refiere y al que me remito, dado que allí se explican nuestras conclusiones. Es cierto que observamos situaciones de riesgo, y pusimos en conocimiento de los organismos competentes nuestras consideraciones al respecto".

Tras la aprobación de la Directiva de Retorno y dada la situación actual, el ministro aboga por modificar la Ley de Extranjería y la Ley de Menor. ¿Qué le parece? ¿Qué aspectos considera la Oficina del Defensor del Pueblo que son mejorables?

"Como ya he dicho, al Defensor del Pueblo le toca vigilar la constitucionalidad de las normas con rango o fuerza de ley y acudir al Tribunal Constitucional en caso de duda, pero no entra en nuestras atribuciones decidir qué debe cambiar y qué debe permanecer en las leyes. Así pues, deberemos esperar para ver en qué se concretan los planes del Gobierno y a analizar con detalle el contenido y alcance de la norma que salga de las Cortes Generales".


Texto: José Luis Cámara
Fotos: DA