Gonzalo Marrero no es un chirigabís indocumentado, sino un profesor universitario con una notable carrera docente y un currículo académico muy sólido. Que alguien me explique cómo un universitario de inequívoco prestigio puede ser lobotomizado hasta tal punto por la Viceconsejería de Educación como para encontrar francamente interesante el proyecto de la Generalitat catalana para segregar a niños y adolescentes inmigrantes en centros de enseñanza específicos y anunciar que el Gobierno autonómico estudiará detenidamente una propuesta tan sugerente. El señor Marrero, como sus homólogos catalanes, ha señalado que la escolarización de inmigrantes que no conocen el idioma y la realidad social y cultural de Canarias es particularmente compleja, y ha encontrado que para superar ambas dificultades lo mejor es apartar y estabular a los niños inmigrantes a fin de que durante cinco o seis horas diarias solo escuchen y se relacionen con otros niños inmigrantes. Es, sin duda, una solución brillantísima, y quizás esté inspirada en la costumbre de consejeros y viceconsejeros de educación de reunirse con consejeros y viceconsejeros de educación. No hay que dejarse engañar por las pendejadas pedagógicas que encuentran en esta burrada efectos contraproducentes o por el espíritu cohesionador de toda la normativa legal de los últimos veinte años. Y nada de insistir, presupuestaria y organizativamente, en los insuficientes programas destinados a preparar la escuela canaria para una sociedad multicultural que ya es una realidad evidente y que lo seguirá siendo en las próximas décadas.

La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Inés Rojas, cuyo nombramiento hace un año fue uno de los mejor acogidos en el Gobierno de Paulino Rivero, ha recortado brutalmente el número de funcionarios y laborales destinados a examinar y evaluar las solicitudes que pretenden ampararse en la Ley de Dependencia: de 78 a 15. Canarias es la comunidad autónoma con un mayor retraso en el desarrollo y aplicación de la Ley de Dependencia, pero la señora Rojas tiene perfectamente claro quién es el responsable de esta dolorosa y escandalosa mamarrachada: el Gobierno central. Más de 2.600 personas en situación de dependencia severa esperan en el Archipiélago que se cumpla una ley, no que se conceda una limosna. Y ahora esta burla. No tienen perdón.