WILLIAM HERNÁNDEZ
SANTA CRUZ



El cambio de nombre de las calles con mención a la etapa franquista está desde ayer un poco más cerca. El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó crear una comisión que estudiará el cambio de nombres. "La comisión presentará, en el plazo máximo de seis meses, una propuesta de modificación en la denominación de calles del municipio". Este es el dato principal que se desprende del texto aprobado. Eso sí, el alcalde de la capital, Miguel Zerolo, aclaró que tras este tiempo, si el Gobierno del Estado no ha elaborado el reglamento de la ley, no se les podrá exigir responsabilidad, pues cuentan con este requisito para llevar a cabo las propuestas del cambio. El PSOE se apresuró a aclarar que el reglamento estaría listo para el mes de septiembre y que estarían "atentos" para comprobar que este plazo se cumple.

La iniciativa partió de una moción presentada precisamente por el propio grupo municipal socialista. En la propuesta pedía el cambio de calles con nombres que recuerden a la dictadura del general Franco, tal y como recoge la ley 52/2007 conocida como de memoria histórica. Sin embargo, el documento presentado fue cuestionado por el portavoz de Coalición Canaria, José Alberto Díaz-Estébanez, quien detalló uno por uno los inconvenientes que planteaba la propuesta en sus diez apartados. La moción alternativa que propuso Díaz Estébanez, y que fue aprobada por unanimidad, acuerda que "el Ayuntamiento de Santa Cruz se compromete a cumplir las medidas contempladas en la ley 52/2007 de la Memoria Histórica de manera que, ajustándose al desarrollo reglamentario que el Gobierno del Estado debe marcar, y procurando acogerse a las actividades económicas que se establezca para que el impacto económico y administrativo sea el menor posible para los ciudadanos de Santa Cruz, esta ciudad adapte sus normativas en todos los términos que propugna dicha ley. El pleno acuerda estudiar en una comisión representativa de todos los grupos políticos de esta corporación y con el asesoramiento técnico e histórico que se considere necesario". El texto pretende analizar las posibles consecuencias económicas derivadas del cambio.

Pero para que llegase al acuerdo final, hubo cierta incertidumbre. Tras la lectura de la moción por parte de la portavoz socialista, Gloria Rivero, se hizo el silencio, y cuando el alcalde, Miguel Zerolo, estaba a punto de anunciar la votación, el portavoz nacionalista interrumpió al alcalde, alzó la mano, y explicó la postura que el grupo de gobierno adoptaría. De aquella intervención nacería el acuerdo final. Antes de ello, eso sí, Díaz-Estébanez dio a entender que la moción sería rechazada.

De los diez acuerdos en los que se basaba la propuesta, el portavoz de CC detalló casi minuciosamente cada uno de ellos. Los dos primeros puntos, en los que el PSOE pedía "que se sancione a los vecinos que defiendan la legalidad institucional durante la Guerra Civil y la dictadura; e integrar en el Ayuntamiento a los funcionarios que en su día fueron sancionados por razones políticas, religiosas e ideológicas". Díaz-Estébanez dijo que antes de hacer nada "se debería hacer una evaluación previa". No puso pegas al acuerdo de facilitar la documentación a las personas que deseen obtener las pensiones y prestaciones reconocidas en la Ley de Memoria Histórica. En el punto cuarto, en el que se pedía "facilitar de modo activo la indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente en Santa Cruz durante la Guerra Civil y la posterior represión política y cuyo paradero se ignore", el edil nacionalista aclaró que "se podría hacer siempre que las personas demostrasen un interés activo".

Este fue el mismo argumento que tuvo para explicar su neutralidad en varios puntos más de la moción. Díaz-Estébanez, en nombre de su grupo habló sobre las subvenciones a propietarios privados que no actuaran de acuerdo con la citada Ley de Memoria Histórica. "Creo que aplicar esto y no estudiarlo caso por caso supondría una actuación discutible, además, la Constitución ampara la libertad ideológica". Pero el que llevó a más confusiones y algún tibio debate fue el punto diez, en el que se pedía el cambio de los nombres franquistas de las calles, así como todos los símbolos; pedía, como primera actuación, cambiar el nombre de la Rambla del General Franco por el de Ramblas Islas Canarias. El portavoz nacionalista entendió que "el callejero no es una exaltación del franquismo". "El camino más sensato es estudiar las consecuencias para todos", afirmó el edil.