VICENTE PÉREZ
SANTA CRUZ



La Dirección General de Costas, del Ministerio de Medio Ambiente, ha sacado a información pública la que será presumiblemente su última propuesta del deslinde marítimo terrestre de la playa de Las Teresitas, en la que se confirma que parte de las once parcelas urbanizables por las que el Ayuntamiento pagó 52,6 millones de euros en realidad se encuentran en dominio público, en aplicación de la Ley de Costas de 1988. El Consistorio pagó esta cantidad a partir de tasaciones de empresas externas sin pedir que se tuviera en cuenta la posibilidad de que existieran terrenos en dominio público, a pesar de que la entonces arquitecta municipal, Pía Oramas -y otras dos empresas externas- sí tuvieron en cuenta este criterio, y valoró el frente de playa en poco más 19 millones de euros, unas tasaciones que no fueron tenidas en cuenta por el Ayuntamiento.

La propuesta de nueva línea demanial, establecida a partir de un estudio geomorfológico con pruebas de campo y fotos históricas, mantiene en realidad la fijada en 1961 en la segunda mitad de la playa, es decir, antes de que, en 1973, se añadiera la plataforma de arena artificial. Es en este tramo donde quedan claramente afectadas varias parcelas de las once que Inversiones Las Teresitas SL (ILT) compró en 1998 a la Junta de Compensación del Plan Parcial de la zona por 35 millones de euros -junto a las del valle de Las Huertas- y, posteriormente, vendió por 52,6 millones al Ayuntamiento. En cuanto a la primera mitad de la playa, Costas retranquea el deslinde de 1961 hasta hacerlo coincidir con el muro que separa la playa de los aparcamientos, pasa rozando el polémico edificio de aparcamientos y locales comerciales que construye el Consistorio, sobre el antiguo campo de fútbol. Los vecinos aseguran que las olas llegaban a inundar el desaparecido terreno de juego.

La tesis de la Fiscalía.

La propuesta de deslinde viene a sustentar la tesis de la Fiscalía en la querella que instruye el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por prevaricación y malversación de fondos con relación a la compraventa. La fiscal, María Farnés, estima que de los 109.420 metros cuadrados comprados por el Ayuntamiento, en torno a una tercera parte estaría en dominio público. Sin embargo, contradice otra tesis de la fiscal sobre el carácter de acantilado de las laderas de la zona, pues, según concluye el estudio, la pendiente media es inferior a 60º sexagesimales, "no pudiendo hablarse, por tanto, de acantilado, tal y como se describe en el articulo 6.3 del reglamento de la Ley de Costas".

La aprobación del nuevo deslinde -cuya propuesta se halla en su último periodo de información pública- resulta fundamental para la nueva tasación que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ordenado practicar en ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que en 2007 anuló la compraventa de la playa en lo tocante al precio, ya que la cantidad pagada por el Ayuntamiento no estuvo avalada por el informe de un funcionario competente en la materia (un arquitecto), sino únicamente por un abogado (Víctor Reyes, de la Gerencia de Urbanismo) y un economista (Javier de Vergara y Batista, de la Concejalía de Economía y Hacienda). La nueva tasación, según el TSJC, deberá tener en cuenta, entre otros criterios, precisamente la afectación del dominio público a las parcelas objeto de compraventa.

Veinte metros desde el mar.

Fuentes de Costas explicaron a este diario que la línea de dominio público se ha fijado de 20 metros desde el mar, y no en 100, al tener consideración de urbanizables los terrenos cuando se inició el expediente. A esta franja de 20 metros hacia tierra, que legalmente no se puede comprar ni vender al ser pública -de competencia estatal- se uniría otra de 20 metros de protección del dominio público -competencia del Gobierno canario-, de los cuales 6 son se servidumbre de paso. En estos 26 metros no se podría autorizar ninguna construcción, mientras que en los 14 restantes requeriría una concesión administrativa para que se construyeran, por ejemplo, jardines, piscina o viarios.

Cabe destacar que el Consistorio capitalino -con Manuel Parejo como concejal de Urbanismo y José Tomás Martín de gerente de este área- pidió en 2001 a Costas que definiera el nuevo deslinde un mes después, y no antes, de que se culminara el proceso de compraventa, expediente que en Costas ha seguido un lento camino hasta que en los últimos dos años le ha imprimido mayor celeridad de gestión.

En el estudio realizado para Costas por la empresa Tragsatec se destaca que, a partir del análisis de fotografías aéreas históricas, se aprecia que en 1973 "la playa original se situaba más al interior que la actual, llegando la influencia marina al pie de las laderas en la mitad oriental de la playa". El primer tramo del deslinde comprende los terrenos occidentales de la playa, situados entre el edificio de aparcamientos en construcción y la parte central de Las Teresitas. "Se trata", según el informe de Tragsaten, de una zona formada por los depósitos de playa de arena dorada que el interior pasan a terrenos continentales antropizados que corresponden a suelos y echadizos sobre los que se disponen las infraestructuras y demás elementos antrópicos (parking, cementerio, paseo y carreteras)". Para este tramo, geólogos autores del estudio "consideran que la línea propuesta debe ir por el interior del límite de la actual playa, ya que, tras la regeneración de la misma, el deslinde vigente no incluye todos los bienes de dominio público marítimo terrestre, y coincidir con la propuesta de la incoación del expediente de febrero de 2007".

Es el último informe.

El tramo segundo comprende los terrenos situados entre la parte central de la playa y el espigón que cierra este litoral en el extremo oriental. Se trata, exponen los geólogos, "de una zona formada por los depósitos de playa de arena dorada que en el interior pasan a terrenos antropizados y una zona de depósito de materiales sueltos (playa original, según foto de 1973) que corresponden a la antigua zona marítimo terrestre, y que constituyen bienes demaniales según el deslinde vigente (1961), ya que es una referencia comprobada del alcance del mar en este tramo". El informe, fechado en mayo de este año, está firmado por los geólogos Victoria Cubillo Martínez e Hilario Sánchez Perea, que han realizado estudios del medio físico (climatología, hidrografía, topografía, oscilaciones del nivel del mar, geología, historia geológica...), de la evolución histórica de este litoral, de los perfiles y de los sedimentos.

La compraventa es objeto de querella que instruye desde el pasado año el TSJC, y en la que están imputados, entre otros, el alcalde, Miguel Zerolo; el entonces concejal de Urbanismo y ahora adjunto a la alcaldía, Manuel Parejo; los ex portavoces municipales del PP y el PSOE, José Emilio García Gómez y Emilio Fresco; los empresarios Ignacio González Martín y Antonio Plasencia (socios de ILT,SA); los funcionarios y ex funcionarios municipales José Eugenio de Zárate, Antonio Messía, Juan Víctor Reyes, José Tomás Martín, José Luis Roca; un empleado de Vultesa, Felipe Manuel Armas; y el abogado de la Junta de Compensación y también de ILT S.A., Mauricio Hayek.