E. HERNÁNDEZ
SANTA CRUZ



La Agencia canaria de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun), en la que participa la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, asegura que el edificio de aparcamientos en la entrada de la playa de Las Teresitas, sobre lo que fue el campo de fútbol y llamado por algunos mamotreto, sí invade, en su frente o fachada, el dominio público, al igual que lo hace el acopio de materiales de la obra que detuvo la Dirección General de Costas, perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de España. Esta afirmación aparece en un informe de la Apmun fechado en julio de este año, pero también otros informes firmados por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que informó del estado y las consecuencias que las obras del citado edificio habían tenido sobre el dominio público; por la Demarcación de Costas de Santa Cruz de Tenerife (perteneciente a la Dirección General), que advertía a finales de 2007 que, de seguir con las obras, éstas invadirían el espacio protegido, y la propia documentación del Ayuntamiento de la capital tinerfeña, que constata que no existían los preceptivos permisos para el inicio de la obra en el edificio de aparcamientos.

Toda esta documentación está recogida en la querella de catorce folios que, a raíz de la denuncia conjunta del Partido Socialista Canario-PSOE, La Plataforma en Defensa del Litoral y la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), presentó en su día la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife y que solicita la declaración en calidad de testigos de dos funcionario de la Gerencia y "la declaración en calidad de imputados", por incumplir los artículos 319 y 320 del Código Penal referentes a delitos en la ordenación del territorio y prevaricación, de tres técnicos de servicios de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz, así como del director de la misma Gerencia.

"Reverón y Parejo".

Actualmente, el cargo lo ostenta la concejal Luz Reverón, pero, aunque la última resolución de la Gerencia en la que se basa la querella data del 27 de octubre de 2007, la primera está fechada el 17 de diciembre de 2004, cuando era responsable del área el ahora adjunto a la alcaldía Manuel Parejo, por otro lado, uno de los imputados en el caso de compraventa de Las Teresitas que lleva el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), "por lo que Parejo también deberá declarar en calidad de imputado", según aseguró el secretario general del PSOE en Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Corrales, que presentará mañana en rueda de prensa, junto a la parlamentaria autonómica y vicesecretaria local Gloria Gutiérrez, una querella de la Fiscalía que Corrales califica de "demoledora".

Dominio público.

La fiscal no solo presenta un informe que sitúa el llamado mamotreto en dominio público marítimo terrestre, sino que, además, asegura en el texto de la denuncia que las obras del edificio se iniciaron sin contar con los permisos preceptivos y que cuando se empezaron las obras sólo existía un convenio de colaboración entre Costas y el Ayuntamiento, "que aún no había sido firmado y además estaba supeditado a un nuevo deslinde". El propuesto por Costas no deja claro que todo el edificio de aparcamientos está en suelo público, ya que, aunque la línea -que podría ser definitiva y que ahora mismo está en periodo de información pública- roza el muro que da al mar del antiguo campo de fútbol, no explica si todo el proyecto del aparcamiento está, o no, fuera del dominio público, tal y como asegura la Apmun. Si estuviese equivocada, las obras estarían en la zona de servidumbre de protección que gestiona el Gobierno de Canarias, pero la Fiscalía recuerda que el deslinde está en medio de un trámite y que mientras el mismo no se apruebe no se podía conceder ninguna autorización para las obras, tal y como hizo la Gerencia.

Este diario intentó ayer, en varias ocasiones, ponerse en contacto con la concejal responsable de la Gerencia de Urbanismo, Luz Reverón, pero, pese a la insistencia, no lo consiguió. La edil aseguró en septiembre, cuando se ejecutaba la fase cero de los aparcamientos, que "pase lo que pase, la playa será pública y las obras que se están ejecutando y las que se emprenderán no estarán afectadas por la decisión judicial".