VICENTE PÉREZ
SANTA CRUZ


La denuncia de la Fiscalía por un presunto delito contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística en la construcción, ahora parada, del edificio de aparcamientos y locales comerciales de la playa de Las Teresitas sostiene que el Ayuntamiento de Santa Cruz llevó a cabo estas obras "sin contar con las autorizaciones preceptivas" ni la Dirección General de Costas, pese a que el proyecto prevé que los trabajos invadan el dominio público marítimo terrestre, ni del Gobierno canario, a pesar de que el inmueble se levanta en la franja de servidumbre de protección, de la que es competente esta administración.

Pero es más, el Ministerio Fiscal advierte de que "no era posible" conceder tales permisos, porque la Ley de Costas prohíbe acometer obras en zonas donde, como es el caso de Las Teresitas, está aún en trámite la fijación de un nuevo deslinde público. Por estos hechos, la fiscal Inmaculada Violán formuló el 31 de julio una denuncia ante el Juzgado Decano de Santa Cruz de Tenerife en la que pide que declaren como imputados los concejales de Urbanismo desde que se aprobó el proyecto (en diciembre de 2004), es decir, Manuel Parejo y Luz Reverón (ambos de Coalición Canaria), así como tres funcionarios "que evacuaron informes favorables previos": Epifanio Gómez Sánchez, director técnico; Loreto Aríz Alonso, jefa de servicio, y Candelaria Benítez Pérez, técnico de coordinación administrativa del servicio. Se da la circunstancia de que ésta última es concejal de Hacienda y Personal en el Ayuntamiento de El Rosario, gobernado por el PSOE, el mismo partido que ha denunciado estos hechos en Santa Cruz. Los otros dos denunciantes en este caso son el grupo ecologista ATAN y la Asociación de Amigos de la Playa de Las Teresitas, Anaga y su Litoral.

Un aspecto que la fiscal pone de relieve es que cuando el Ayuntamiento adjudicó las obras, "únicamente" existía "en proyecto un convenio de colaboración" entre el Ministerio de Medio Ambiente "que aún no había sido firmado y además estaba supeditado con carácter previo a un nuevo deslinde" público de la playa. Es un convenio que Costas ha decidido no firmar, pese a un preacuerdo inicial con el Ayuntamiento, hasta que se resuelva de forma definitiva el contencioso judicial sobre el frente de playa (el Tribunal Supremo anuló en 2007 la compraventa de once parcelas por el Ayuntamiento a Inversiones Las Teresitas SL por 52,6 millones de euros).

Pues bien, concluye la fiscal Violán que el Ayuntamiento aprobó y autorizó las obras "a través de toda una serie de resoluciones dictadas (...) sin haberse recabado las autorizaciones preceptivas, con pleno conocimiento de ello, sabedores [técnicos y cargos públicos] de que el convenio con el Ministerio no se había aún firmado y de que se encontraba en trámite un nuevo deslinde". Además, la Fiscalía subraya, como otra de las irregularidades, que el Ayuntamiento modificó el proyecto del edificio "en aspectos sustanciales, tales como el aumento de una planta más [en este caso, subterránea] sin que de ella se diera cuenta a la Dirección General de Costas ni a la Comunidad Autónoma, y sin constar de momento que tal modificación pudiera resultar acorde con el planeamiento urbanístico". La fiscal aclara, por otro lado, que las obras del edificio (el mamotreto, según sus detractores) "no ha afectado de momento a zona de dominio público marítimo terrestre, pero sí a la zona de servidumbre de protección", pero dice que "de llevarse a cabo la totalidad de las obras" proyectadas, "se produciría una invasión" sobre la franja pública.