VICENTE PÉREZ
SANTA CRUZ


La empresa Jif Europea de Consulting "empezó el estudio del pliego de condiciones" del concurso público para la digitalización del Archivo municipal de Santa Cruz "en el mes de enero de 2005", según consta en un dossier facilitado el viernes a este y otros dos periódicos de la provincia por el ex administrador de esta sociedad mercantil, José Garijo, y su actual administrador, Francis Henneton. Se da la circunstancia de que el anuncio del concurso público apareció en el Boletín Oficial de la Provincia el 22 de agosto de ese año, por lo que JIF, que resultaría finalmente adjudicataria, conocía las condiciones que regirían esta convocatoria siete meses antes, de acuedo con su propia versión.

JIF señala en su dossier que "inició entonces el diseño y la arquitectura de todo el sistema que implica la preparación para presentarse al concurso; lo que demuestra que la empresa ha tenido al menos 14 meses para preparar la primera parte" de la labor que finalmente se le encargó tras ganar el concurso el 28 de noviembre de 2005 y firmar el correspondiente contrato con el Ayuntamiento el 17 de febrero de 2006.

Garijo y Henneton convocaron el viernes a la prensa para salir al paso de las acusaciones de irregularidades en este expediente administrativo vertidas por Ciudadanos de Santa Cruz, y que se centran, básicamente, en que la empresa recibió unos 235.000 euros del Ayuntamiento sin haber digitalizado ningún documento del Archivo, motivo por el que el pleno municipal acordó el viernes por unanimidad crear una comisión de investigación para esclarecer este asunto.

"Yo he cumplido con todas las bligaciones del contrato, que no nos obligaba a digitalizar; se ha malinterpretado esa cláusula; si hay algún problema porque el Ayuntamiento no encuentra la documentación, tenemos las copias de todo lo que entregamos", manifestó Garijo, quien lamentó que el nombre de la empresa se haya relacionado con irregularidades.

Una de las presuntas irregularidades señaladas por Ciudadanos es que la empresa pidió el pago de la primera de las dos fases del proyecto (117.000 euros), con la conformidad del jefe del Archivo, apenas 40 días después de firmado el contrato. Para aclarar esta cuestión, Garijo y Henneton argumentan en su dossier que con los "14 meses" que tuvieron para preparar esta "primera parte", es decir, la primera fase, "40 días son más que suficientes para adaptar y modificar la aplicación [informática] al ámbito real del cliente, una vez adjudicado el concurso".

Garijo, ahora administrador de otra empresa, aseguró que JIFpresentó en su día al Ayuntamiento sendas memorias de la primera y la segunda fases del contrato, requisito indispensables para que se les abonaran los pagos. Sin embargo, tales documentos -de los que aportó a la prensa solo sus portadas y no todo su contenido, alegando que se trataba de datos confidenciales- no figuran en el expediente, al menos hasta que, en julio pasado, el asesor jurídico municipal, Carlos de la Concha, emitió un informe en el que detectó esta anomalía, así como la falta del acta de recepción de los materiales entregados.

Cabe destacar que las portadas de estas memorias -en cuyos títulos no consta como tal esta palabra- no llevan registro de entrada en el Ayuntamiento, aunque una contiene un "recibí"con una fecha a mano ("7/3/2006") y una firma, que también aparece en la portada de la que, según el ex administrador de Jif, es la memoria de la segunda fase. En cuanto al acta de entrega del material (software y hardware para la digitalización), Henneton entregó el correspondiente albarán, a pesar, afirma, de que nadie se lo requirió. Tampoco este documento figura con registro de entrada, aunque sí con un sello del Ayuntamiento y una firma. Garijo, quien no negó su relación de amistad con el concejal responsable del Archivo cuando se tramitó el expediente -Juan Manuel Brito Arceo-, se afanó por dejar claro que la empresa no tenía que digitalizar el Archivo, sino formar al personal municipal para que pudiera realizar esta labor. "Formamos a dos personas, una, el jefe del Archivo, Febe Fariña, y otra, una chica que luego no continuó", aclaró Henneton.

Jif facturó al Ayuntamiento 2.765 horas de trabajo de dos empleados a razón de 37 euros la hora -lo que hace un total de 102.000 euros- para "catalogación y digitalización". Henneton explicó que el material informático costó 111.000 euros y la mano de obra, incluyendo "investigación y desarrollo", el resto hasta llegar a los 235.000 euros que percibió la empresa. Este costo en personal, aseguran, no debe extrañar, pues participaron "informáticos de Rumanía, Francia -donde Henneton tiene empresas- la Península y Canarias, y además, un informático bueno cuesta 3.000 euros al mes".

El administrador de Jif y su sucesor negaron también que el Ayuntamiento le hubiera agilizado el pago, pues "tardamos diez meses en cobrar el primer pago cuando el pliego da derecho a cobrar a los 60 días de expedir los documentos que acrediten la realización del contrato, "y para el segundo pago presentamos la factura en noviembre de 2007 y tardaron en pagarnos 8 ó 9 meses".

Ambos también niegan que el objeto social de la empresa no estuviera relacionado con el objeto del concurso público, como ha denunciado Ciudadanos, pues, según consta en sus estatutos, también se dedica a "distribución, comercialización, exportación e importación y venta al mayor de toda clase de productos informáticos, ordenadores y accesorios".

Enfatizaron además que el pliego de condiciones les daba "un plazo máximo", pero que podían terminar antes su labor.