GABRIELA GULESSERIAN
PUERTO DE LA CRUZ


El Pleno de Puerto de la Cruz aprobó ayer por unanimidad que un concejal de cada grupo de la oposición, en este caso, Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) perciba una retribución por el ejercicio de las funciones propias de su cargo en régimen de dedicación exclusiva que ascendería a 3.600 euros mensuales distribuidas en 14 pagas, lo que se traduce en 4.200 euros al mes. Este importe es el equivalente al de un edil del grupo de gobierno con delegaciones genéricas.

No obstante, tal y como ocurre con estos últimos, la percepción de esta retribución "será incompatible con la de otras con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas, así como para el desarrollo de otras actividades".

El objetivo de esta decisión, incluida como una disposición adicional en el Reglamento Orgánico Municipal (ROM), es "garantizar las funciones de control y fiscalización legalmente atribuidas" y "dotar de mayor democracia interna al Ayuntamiento" ya que, salvo excepciones y que así lo acuerden los distintos partidos políticos, no está sujeto a modificaciones en los próximos años, explicó el portavoz del grupo de gobierno, Jaime Coello, al finalizar la sesión plenaria.

No obstante, el ROM fue aceptado de forma inicial, por lo que a partir de ahora se abre un periodo de 30 días para que los ciudadanos puedan presentar alegaciones. Otro de los puntos importantes de este reglamento es que todos los miembros de la corporación "tienen derecho a obtener del alcalde/sa cuantos antecedentes, datos e informaciones obren en poder de los servicios de la corporación, y resulten previos para el desarrollo de su función".

También se regulan los turnos de intervención de cada grupo que "tendrán la misma duración" para todos y para los que se establecerá un límite temporal en función a la importancia del asunto a tratar y que no podrán exceder de cinco minutos, salvo circunstancias excepcionales que así lo justifiquen.

El PP pasa página.

El otro asunto que acaparó la mayor parte del tiempo y de la atención del público presente en la sesión fue la destitución de la ex teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Eva Navarro. Tras su previsible intervención ya que explicó lo ocurrido de manera casi exacta que en la rueda de prensa del pasado miércoles, con pausas e hidratación incluidas, pero citando a Rousseau, la portavoz del PP le deseó suerte al grupo de gobierno socialista, dijo amén y aseguró que su partido "pasaba página" en Puerto de la Cruz.

Bastante más duro y con un poco menos de dramatismo se pronunció su compañero de grupo, Luis Miguel Rodríguez, quien calificó de "sucia" la maniobra para destituir a Eva Navarro del Gobierno municipal. "Usted sabe que le falta un edil para la mayoría absoluta y lo que ha intentado me ofende y le ofende al PP", dijo dirigiéndose a la alcaldesa, Dolores Padrón.

Sin embargo, los socialistas se guardaron un as bajo la manga y sacaron a relucir ayer los verdaderos motivos de la decisión adoptada hace dos semanas por la alcaldesa, Dolores Padrón, que tuvo como consecuencia la ruptura del pacto de gobierno municipal firmado entre los socialistas y el PP en junio de 2007 y que tuvo una vigencia de tan solo 16 meses.

El responsable de exponerlos fue Jaime Coello. A la larga lista de motivos ya conocidos se sumaron otros como la elaboración de un pliego de condiciones para privatizar el servicio de Parques y Jardines sin consultar al PSOE y, por ende, creando malestar en el personal. También le reprochó la celebración de una cena de Navidad para el personal del área de Urbanismo, paralela a la del Ayuntamiento, cuyo costo fue de 2.185 euros; haber convocado una reunión con los comerciantes de la calle Santo Domingo y Gesplan sobre las obras en esta vía, a pesar de que no son de su competencia y de la que el concejal de Comercio se enteró por un comerciante, y favorecer al propietario del 28% del edificio Iders para derribar el inmueble y construir uno nuevo con aparcamientos. Además, envió una carta a los vecinos de la calle El Lomo acusándoles de verter residuos y amenazándoles con sanciones.

En lo que respecta a un asunto de vital importancia para el municipio, como es el Plan General, el portavoz la acusó de no acudir a las reuniones convocadas por la alcaldesa y presentar después un "presunto" Plan General "no consensuado", a los agentes económicos y sociales de la ciudad. Pero lo "especialmente difícil" según el actual concejal de Urbanismo, era cuando se quedaba como alcaldesa accidental y los ediles del PSC-PSOE "se sentían amenazados".

No obstante, y más grave aún, fue cuando Coello manifestó que se reunía desde hacía varios meses con el presidente de CC en Tenerife, Javier González Ortíz, "para pedirle que desaparezcan a Marcos Brito de Puerto de la Cruz", o solicitarle una entrevista al presidente de Canarias, Paulino Rivero "para echar a Brito de la ciudad y que se permita un pacto PP-CC".

Afirmaciones que, cabe destacar, Navarro no desmintió ni dijo nada al respecto. Por el contrario, fue Luis Miguel Rodríguez quien salió en su defensa y replicó al portavoz socialista con las supuestas deslealtades de Padrón, como el hecho de abandonar una comisión informativa, sus declaraciones respecto a la legalización del Centro de Alzhéimer, o de no invitarle a un acto de Sinpromi ni a la entrega del mirador de La Paz.

Apoyo de CC.

Mientras, Marcos Brito reiteró su apoyo a un gobierno en minoría del PSC-PSOE a pesar de que, a su juicio, "CC no fue muy bien tratada en estos meses de gobierno", y calificó de "acertada" la decisión adoptada por la alcaldesa. Ésta, por su parte, quiso dar un mensaje de tranquilidad a los portuenses y dijo que a partir de ahora se abría una nueva etapa en la que su grupo, con una nueva distribución equilibrada de áreas y competencias "iba a trabajar con humildad y diálogo defendiendo los intereses de la ciudad".