EFE
ESTRASBURGO / CARACAS


El Parlamento Europeo aprobó ayer una resolución en la que lamenta las inhabilitaciones de políticos venezolanos, que Caracas había calificado de antemano de "manipulación" contra el Gobierno de Hugo Chávez.

El documento fue aprobado finalmente por 51 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención.

El texto, presentado por el grupo conservador del Partido Popular Europeo (PPE) con el apoyo de los liberales y los soberanistas de la Unión por la Europa de las Naciones (UEN), denuncia la supuesta utilización por parte del Ejecutivo venezolano de las inhabilitaciones para dificultar la presencia de opositores en los comicios locales y regionales del próximo 23 de noviembre.

La resolución también condena el asesinato del líder estudiantil del partido Copei Julio Soto y exige a las autoridades venezolanas "cuantos esfuerzos sean necesarios" para esclarecer "con la mayor brevedad posible este crimen".

Pide al Gobierno de Chávez que "ponga fin a estas prácticas y que promueva una democracia más global en Venezuela en pleno respeto con los principios consagrados en la Constitución de 1999".

La ponente de la resolución, la liberal rumana Renate Weber, indicó ante el pleno que en Venezuela ocurren "accidentes muy sospechosos con el resultado de muerte de personas críticas, que no se investigan adecuadamente".

El eurodiputado portugués de Izquierda Unitaria Pablo Guerreiro tachó el documento de "operación de injerencia del Parlamento Europeo" en un intento de "desestabilización del Estado venezolano", puesto que se refiere a unas "decisiones que únicamente competen al pueblo soberano".

Además, la resolución aprobada "rechaza tajantemente el acoso y la expulsión "arbitraria" del director para América de la ONG Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, y del subdirector, Daniel Wilkinson, "por la presentación de un informe crítico sobre las libertades públicas y el respeto a los derechos humanos durante los 10 años de mandato del presidente Hugo Chávez".

A juicio de los eurodiputados, estos hechos son sólo los últimos en una larga cadena de actos llevados a cabo por el Gobierno para "intimidar la voz de la oposición, los disidentes y los observadores internacionales en el país".

Por su parte, el Gobierno de Caracas considera que esas inhabilitaciones se debieron a "irregularidades cometidas en la administración de fondos públicos" y se encuentran dentro del "marco de la Constitución y las leyes de Venezuela, así como de los acuerdos internacionales suscritos por el país y en pleno respeto al debido proceso y derecho a la defensa".

Por su parte, el Gobierno venezolano acusó alParlamento Europeo de apoyar la corrupción.

Rechazó "por inaceptable injerencia" y "por apoyar la corrupción" la resolución adoptada en el Parlamento Europeo. "Han cometido una inaceptable acción de injerencia en asuntos de un Estado que además ni pertenece a Europa, dando un espaldarazo a la corrupción", dijo el vicecanciller venezolano para Europa, Alejandro Fleming.

La resolución supone la segunda ocasión en la que la Eurocámara condena acciones del Gobierno de Chávez, después de la adoptada en mayo de 2007 contra el cierre de Radio Caracas Televisión.

Por otra parte, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, calificó de "golpistas, mentirosos y ricachones" a los candidatos opositores a los gobiernos municipales y regional de Caracas, y reiteró que si obtienen esos cargos trabajarán para "derrocar" a su Gobierno.

Chávez sostuvo que "es absolutamente imprescindible la victoria" del oficialismo, para garantizar el avance del socialismo e impedir a la oposición "llenar el país de sangre".