SARAY ENCINOSO
SANTA CRUZ



El conflicto por la homologación docente ya cuenta en su haber 22 meses pero, todavía hoy, no ha conseguido que el diálogo se instaure como modus operandi. Después de infinidad de vicisitudes sindicales y de desencuentros con la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Ejecutivo, el recién constituido Comité por la Educación Pública y la Homologación Docente exigió ayer el cese de la consejera docente, Milagros Luis Brito y reclamó al presidente del Gobierno, PaulinoRivero, como único interlocutor válido en las hipotéticas negociaciones.

Además, los sindicatos -de los que se ha desmarcadoEA-Canarias- anunciaron la convocatoria de manifestaciones y concentraciones por todo el territorio canario el próximo 17 de diciembre. Asimismo, reconocieron que no descartan secundar el llamamiento a la huelga para el 17 de marzo programado en solitario por EA-Canarias. Es más, las tres centrales volvieron ayer a abogar por la unidad sindical y solicitaron el apoyo del resto de representantes docentes en la lucha abierta en pro de la calidad de la educación pública y de la igualdad salarial de los docentes. Explicaron que los paros lectivos han sido "descartados" durante algún tiempo por la coyuntura económica que vive el mundo pero no porque no se considere un instrumento efectivo para reivindicar "los derechos del profesorado". Este conflicto "está más vivo que nunca y convocar huelgas en un momento tan complicado, donde la asistencia merma, es señal de debilidad". "Sabemos que hay crisis y por eso lo único que exigimos es que se nos reconozca la deuda: la forma de pago será cosa del futuro", subrayó Ramón Morales (STEC-IC), quien enfatizó la imperiosa necesidad de que el departamento docente los emplace a una mesa sectorial.

Esta tensión, que ayer volvió a quedar latente con la declaración pública de los sindicatos, no es tema de preocupación sólo para los docentes. El jueves, el Ampa del colegio de LasMercedes asistió al pleno de La Laguna, donde hizo uso del reglamento de intervención ciudadana para demandar un diálogo coherente y real entre la Consejería y los enseñantes. El resultado fue una declaración institucional que, de momento, no ha tenido respuesta de la titular docente. No obstante, los profesores de este centro no centraron su alegato en la controversia de la homologación, sino que abogaron también por mejorar las medidas de calidad implantadas desde la Administración canaria.

Estas iniciativas -el refuerzo educativo y la acogida temprana- fueron también objeto de incontables críticas por parte de los sindicatos. La posibilidad de que Luis Brito "nombre a dedo" al profesorado que dedique tiempo por las tardes para mejorar los conocimientos de los jóvenes, causó un gran revuelo. "Eso va más allá de la ilegalidad: los docentes sólo tienen la obligación de trabajar a reglamento". Si esta sugerencia se trasladara al ámbito de la realidad, los docentes no tendrían ningún inconveniente en utilizar las vías que otorga la legalidad. Todo ello mientras "la resistencia democrática continúa en las aulas" y las actividades extraescolares parecen cosa del pasado.