JOSÉ LUIS CÁMARA
SANTA CRUZ



Que las relaciones entre el Gobierno central y el regional han mejorado es un hecho. Prueba de ello es que ambas administraciones trabajan en común para tratar de paliar el problema de los menores extranjeros no acompañados en el Archipiélago. Con este objetivo se creó el pasado mes de marzo una comisión de trabajo bilateral en la que están representadas las dos subdelegaciones de Gobierno, la Fiscalía, el Cuerpo Nacional de Policía, la Abogacía del Estado y la Consejería de Bienestar Social del Ejecutivo autonómico. El objetivo de la misma, según explica a este periódico el subdelegado del Gobierno en Tenerife, José Antonio Batista, es "dar forma a un procedimiento pactado y ajustado a la Ley, que dé lugar a poder reagrupar menores sin que haya ningún problema".
Según Batista, después de varias reuniones en los últimos meses, "ese procedimiento está finalizado y, en cierto modo, ya se está aplicando por parte de las Oficinas de Extranjeros". "El Estado español es muy garantista en estos casos, como no podía ser de otra manera, porque se trata de menores", agrega el subdelegado, quien reconoce que "la reagrupación es muy compleja, porque hay que hacerla con todas las garantías".

El procedimiento de reagrupación acordado por la citada comisión, a la que se añadió luego otra técnica de rango inferior para cuestiones más concretas, recoge una fase previa antes de iniciar el expediente de repatriación, en la que se trata de localizar a los familiares de los menores o, en su defecto, a los organismos que en esos países de origen se encargan de ellos, lo que en España son las direcciones generales del Menor.

"Amparándonos en acuerdos como el que ya hay con Senegal (firmado en julio pasado) y otros como el que se ratificará en breve con Marruecos, recientemente se ha puesto en marcha ese proceso y se ha dado cuenta a las autoridades senegalesas de los menores que de esa nacionalidad hay en la actualidad en los centros del Archipiélago", subraya José Antonio Batista, quien agrega que "el objetivo es que localicen a sus familias o, al menos, ratifiquen la identidad de cada chico". La empresa, no obstante, no es fácil, porque requiere el concurso y la colaboración de los países de origen de los menores. No en vano, en el último lustro apenas se han producido una decena de reagrupamientos familiares de menores llegados ilegalmente por mar a las Islas.

Aunque se ha empezado por los menores senegaleses, el procedimiento se está aplicando también a jóvenes procedentes de Mali, Mauritania o Gambia, entre otros. Así, desde la Subdelegación del Gobierno de Tenerife, a través de la Oficina de Extranjeros de la Comisaría, se han remitido ya a las autoridades de esos países los datos de un centenar de chicos. "En el caso de Marruecos tenemos en Canarias los consulados; y si no hay aquí consulado se manda esa documentación a la Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones, donde se encargan de enviar los datos a los consulados, la embajada o si no hay representación del país se le traslada al Ministerio de Asuntos Exteriores para que haga la gestión", arguye Batista, quien afirma que "de momento no hay ningún expediente avanzado, pero eso no significa que no estemos trabajando".

La comisión, ideada por la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, trata de buscar un procedimiento unificado a nivel nacional y, según Batista, "puede servir para estudiar otras acciones, como es la posibilidad de que Canarias financie centros de menores en África, tal y como han hecho regiones como Cataluña.