M.F./AGENCIAS
SANTA CRUZ



El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó el martes el decreto que regula la seguridad en las obras e instalaciones hidráulicas subterráneas. Esta noticia ha sido bien acogida por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), aunque su portavoz aseguró ayer a este periódico que la normativa "llega tarde". "No cabe duda de que es un documento oportuno y necesario, pero ha tenido que ocurrir una desgracia como la de Piedra de Los Cochinos, en Los Silos, para que el Gobierno reaccione", indicó.

Por este motivo, desde la asociación ecologista se espera que a partir de ahora la normativa se aplique "y no ocurra como lo que suele pasar con las normas medioambientales que se aprueban, pero después no se dota ni de dinero suficiente ni de personal para que sean efectivas". En cualquier caso, el portavoz admitió que se trata de una buena noticia, aunque se reservó hacer más declaraciones "debido a que todavía no tenemos en nuestro poder el documento definitivo".

El objetivo de esta regulación, según informó el Gobierno el martes, no es otro que dotar al Archipiélago de una normativa con la que se mantenga, en todo momento, un alto nivel de seguridad en los pozos y galerías, tanto cuando haya actividad minera realizándose en su interior como cuando no la haya.

El decreto ha tenido en cuenta que las precauciones a adoptar son distintas en las diversas fases de actividad de estas infraestructuras, con predominio de las medidas de seguridad minera en el primero y del cuidado de la señalización y cierres en el segundo, sin que en ningún caso puedan desaparecer los controles de acceso que impiden la entrada de personas sin preparación al interior de estas obras.

Sólo el sellado y clausura definitiva de la instalación, en condiciones que no exista peligro residual alguno al visitante ocasional de la zona, permitirá desvincularse de las precauciones exigidas por este Decreto. Con todo ello, el decreto diseña un régimen de seguridad que tiene en cuenta el respeto que merece el esfuerzo realizado por la tradicional industria canaria del agua subterránea, sino también la necesidad de no gravar innecesariamente un recurso vital para la agricultura y población de las Islas, pero que, al mismo tiempo, es riguroso con quienes, por dejadez o abandono, ponen en peligro la vida de los demás.

La normativa afecta a las galerías, pozos, túneles-acueductos y otras infraestructuras hidráulicas como zanjas, socavones, sondeos de gran diámetro y demás obras subterráneas que hayan sido construidas por la industria del agua y creen riesgos para las personas que puedan penetrar en ellas.

El texto divide en tres fases la vida de cada infraestructura hidráulica y establece para cada una de estas fases diferentes medidas de seguridad, según las características del uso o desuso que corresponda en cada etapa.

Así, describe como primera fase la de actividad, separando en ella la etapa de excavación y la de explotación del recurso hídrico como dos momentos diferentes y, por tanto, con medidas de seguridad distintas. La segunda fase es la de inactividad que puede ser temporal (cese de las tareas de excavación o explotación por un límite máximo de dos años) o indefinida (equivalente al abandono). Por último, el decreto contempla la denominada fase de clausura, que supone el cierre definitivo de la infraestructura hidráulica.

Señalización.

El decreto especifica claramente el tipo de señalización exterior que debe existir en cada infraestructura hidráulica. Concreta medidas de las señales y tipo de mensajes que deben ofrecer. De igual modo, establece las características de las puertas de entrada y salida de estas instalaciones. La normativa obliga a la creación de un censo que permita tener actualizada en cada isla la localización y fase de vida en la que se encuentra cada infraestructura de este tipo.

El texto, en el proceso de elaboración, ha estado sometido a numerosas modificaciones a propuesta de los distintos niveles de la administración pública y los colectivos y particulares, como ATAN, que han querido participar en las fases de alegaciones e información pública.