VICENTE PÉREZ
SANTA CRUZ



Los vecinos del Valle de Las Huertas declaran estos días ante el Juzgado de Instrucción Número 5 de la capital tinerfeña como víctimas de un "expolio" de sus terrenos en la operación urbanística de Las Teresitas. Más de dos centenares ya denunciaron en 2003 por escrito su situación ante la Gerencia de Urbanismo cuando la presidía Manuel Parejo, que desoyó entonces sus reclamaciones, a pesar de que son exactamente iguales a las que ahora el mismo organismo público, pero con otra concejal, Luz Reverón, ha acabado dando la razón, pues el Ayuntamiento ha reconocido ya a estos vecinos como titulares de cerca de una treintena de parcelas.

Sobre esta venta ilegal (ya hay sentencias firmes que dan la razón a algunos vecinos) por parte de la Junta de Compensación a Inversiones Las Teresitas, SL, instruye el citado juzgado una pieza separada del caso Las Teresitas, que por lo que respecta a Las Huertas tiene como imputados al abogado Mauricio Hayek, y a tres directivos de la Junta, por apropiación indebida. En la rama principal del caso, la compraventa del frente de playa por el Ayuntamiento a cambio de 55,2 millones y aprovechamientos urbanísticos en Las Huertas, están imputados funcionarios, empresarios y políticos, entre ellos el alcalde, Miguel Zerolo; los ex ediles del PSOE y PP Emilio Fresco y José Emilio García Gómez, y el propio Parejo.

Las reivindicaciones de los vecinos de Las Huertas comenzaron hace ya años. En 2000 intentaron hacer valer sus derechos, pero la Gerencia de Urbanismo les respondió que los solares eran propiedad de la Junta.

En 2003 lo volvieron a intentar, con ocasión de la modificación puntual del Plan General de Ordenación en el ámbito de Las Teresitas, para plasmar el convenio urbanístico por el que se eliminaban los hoteles del frente de playa -en los solares comprados por el Ayuntamiento- y se cambiaba el uso extrahotelero por residencial en Las Huertas, donde se prevé construir una urbanización de más de mil viviendas, cuyas obras estos vecinos tienen prácticamente paradas, salvo en parte de la avenida principal.

Entonces, más de 200 vecinos que se consideraban afectados firmaron un escrito que entregaron en Urbanismo en el que advertían de que la "marginación" a la que a su juicio se les sometía en esta operación urbanística constituía "cuando menos, una temeridad, de consecuencias graves en un Estado de Derecho". Años más tarde, en 2006, la Fiscalía Anticorrupción se haría eco de sus denuncias, y, en la querella del caso Las Teresitas, llamaría la atención sobre el hecho de que el Ayuntamiento rechazara "sin más comprobaciones" las alegaciones de estos vecinos San Andrés, El Suculum, y también los de Montaña Morera.

Es más, en su escrito de 2003, los suscribientes se quejaban del trato recibido en Urbanismo. Así, dejaron constancia de que "cuando de forma esporádica" habían tenido la oportunidad, "no propiciada precisamente por el Ayuntamiento", de presentar los papeles como legítimos propietarios, "los comparecientes, además del desprecio, han podido vislumbrar maniobras inconfesables".

Entre las irregularidades que entonces habían detectado estos vecinos, en aquel escrito de alegaciones citan las de "figurar en documentos oficiales las mismas personas que no han firmado en ellos, sustituir unas personas por otras en relación con la titularidad de derechos sobre inmuebles; hacer figurar en otorgamientos de escrituras públicas a personas fallecidas con años de antelación, inscribir en el Registro de la Propiedad documentos manifiestamente nulos, etc, etc".

Criticaban estos santacruceros "se olvide (debiéramos decir se desprecia) a decenas de afectados por los polígonos, planes, proyectos y convenios que, pese a afectarles directamente, se fraguan a sus espaldas". Enfatizaban además "la grave situación que representa el hecho de que los comparecientes, en su condición de propietarios de dichas fincas, como consta en los archivos de ese Ayuntamiento, no hayan sido personalmente llamados al expediente".

Muchos de estos "expoliados" han logrado demostrar que la Junta de Compensación renunció en 1977 a expropiarles, y así lo aprobaría el pleno municipal y lo certificaría en años posteriores (constan certificaciones firmadas algunas por el entonces alcalde Manuel Hermoso). Por tanto, la Junta ya no tenía derecho alguno sobre sus terrenos, salvo autorización expresa de estos vecinos, pese a lo cual los vendió, junto con el resto del parcelario del valle y el frente de playa a Inversiones Las Teresitas, por 33 millones de euros, y esta entidad mercantil, a su vez los revendió por más de 141 millones de euros (55,2 millones que percibió del Ayuntamiento por el suelo en primera línea de playa y 96 de Mapfre por Las Huertas).

En 2003, sus alegaciones fueron desestimadas por Urbanismo. Entre los papeles que ya entonces aseguraban tener en su haber detallan "escrituras públicas de particiones hereditarias, contratos públicos y privados de compra de terrenos y casas, documentos acreditativos de haberse producido la reversión de los bienes inicialmente sometidos a expedientes expropiatorios, la posesión a título de dueños por el periodo temporalmente establecido, entre presentes, por el Código Civil, etc".

La llegada de Luz Reverón a la Concejalía de Urbanismo dio un giro total al caso, al ordenar la edil de CC, en su estreno como cargo público, revisar todo el expediente de Las Huertas, y darles, de momento provisionalmente, la razón a la mayoría de estos vecinos.