Cuatro acuerdos nos han llamado la atención en la semana que hoy termina y que a nuestro parecer revelan las pasiones y las emociones de la política y los políticos canarios -algunos políticos canarios- cuando actúan movidos por varias excitaciones, sin la coherencia, la madurez y la racionalidad que les son exigibles en sus altas responsabilidades.

El más reciente de todos ellos ha sido la inesperada ruptura del pacto de gobernabilidad en el Cabildo de Lanzarote a instancias del Partido Popular, por "pérdida de confianza", con la destitución fulminante de los consejeros de Coalición Canaria, socios en dicho pacto, en lo que tenía -y tiene- todo el aspecto de una venganza instada por José Manuel Soria tras la salida del PP del Gobierno de Canarias.

Lanzarote ha sido, desde hace años, el no va más de la política canaria, con escándalos judiciales a diestro y siniestro e infinitas divisiones políticas, hasta el punto de que hoy mismo existen en la práctica dos PIL y dos CC, basados en diferencias estrictamente personales, no ideológicas, lo que ha llevado a la isla conejera a una crisis institucional que no cesa y a los políticos -como en casos similares- a la desconfianza y al descrédito.

Pero sea cual fuere el origen de esas destituciones -aunque sería de una candidez política insuperable pensar que Soria no fue consultado al respecto-, el caso es que ya ha dimitido el presidente del PP conejero, Alejandro Díaz, cabeza de turco ocasional, puesto que en el colmo de la improvisación las destituciones se hicieron por el presidente del Cabildo, el popular Francisco Cabrera, sin prever que los relevados y sus adláteres del PIL -el PIL contrario a Dimas Martín- serían, sin más, reemplazados por los socialistas. Mas éstos, en una inteligente respuesta, se han abstenido de entrar en el juego de las miserias y zancadillas interesadas y han dejado a Cabrera compuesto, con sus dos de los 23 consejeros de la corporación insular, y sin aliados.

Para elevar lo sucedido a la categoría de esperpento, Cabrera -que debería haber dimitido- ya ha propuesto a sus antiguos socios que vuelvan al equipo de gobierno del Cabildo tras reconocer que su partido ha cometido un "grave error" y que no desea "perpetuar la situación actual". Y es que no se pueden mezclar las decisiones sectarias del partido -de cualquier partido- con las obligaciones inexcusables de los cargos públicos.

El segundo acuerdo al que aludíamos al principio se refiere al radar de Malpaso, que en decisión unilateral el Ministerio de Defensa ha decidido que sea móvil en lugar de fijo, como estaba previsto, aunque ello conlleva un serio incremento presupuestario, ya que el nuevo puede servir no sólo para una mejor ordenación del tráfico aéreo -tanto civil como militar-, e incluso para efectuar un eventual seguimiento de unidades navales; en definitiva, aporta un mejor servicio y, por tanto, mayores seguridades para la defensa nacional.

Del mismo modo, el ministro de Defensa reiteró públicamente -ya lo había anticipado hace meses en sede parlamentaria- que los compromisos del Gobierno con Canarias en lo que atañe a maniobras militares en el Archipiélago "se cumplirán a rajatabla"; es decir, contarán con el conocimiento previo de las autoridades autonómicas y no se realizarán más ejercicios en la zona oriental, entre las islas de Lanzarote y Fuerteventura. La Armada tampoco podrá actuar a menos de 50 millas náuticas de las costas canarias y no podrá utilizar sonares activos, para evitar la eventual muerte de zifios.

En el caso del radar, el Ministerio de Defensa debería haber contactado previamente con las autoridades herreñas para explicarles la modificación del proyecto; no es lógico que el presidente del Cabildo de la Isla delMeridiano se entere de esos planes por los medios de comunicación social y más aún cuando los antecedentes que obran en este caso vienen a ser, a estos efectos, una sucesión ininterrumpida de errores, por falta de tacto de las autoridades militares.

En otro orden, nos parecen carentes de rigor los argumentos de la organización ecologista Ben Magec -que calificó, en un exabrupto impropio de una organización seria y respetable, al ministro Bono de "mentiroso" y "provocador"- y del propio presidente de la corporación insular herreña, Tomás Padrón. No se puede sostener a estas alturas que El Hierro es "una isla de paz" y que por tanto se opone a la instalación del radar "en cualquier lugar".

Ni las restantes islas canarias son belicosas, ni un mal entendido pacifismo puede quebrar, siquiera sea dialécticamente, la necesaria solidaridad entre todos los canarios, por razones de estricto interés nacional para la defensa. Cualquier autoridad aeronáutica, civil o militar, sabe que el Teide proyecta una ’sombra’ en las comunicaciones aéreas, de modo que objetivamente se corren ciertos riesgos para la seguridad si esa ’sombra’ no es cubierta con los medios técnicos adecuados. Y si estos medios técnicos tienen impronta militar, no por ello se hipoteca nada; por el contrario, se aporta una garantía de seguridad suplementaria en unos tiempos donde el aventurerismo de grupos terroristas puede suponer para nuestra tierra un riesgo nada desdeñable.

El argumento de que con ello El Hierro se convierte en objetivo militar es fatuo y pueril. ¿Acaso no lo es un aeropuerto como el herreño? ¿Y la refinería, por ejemplo, no es un objetivo militar de primer orden? Lo que falta es un mínimo sentido de la solidaridad y hasta de patriotismo rectamente entendido, en un asunto que no tiene nada de baladí.

Otro disparate dialéctico, en este caso surgido del congreso de Coalición Canaria, es el compromiso de esta formación política de "activar las acciones jurídicas y políticas para conseguir que el pueblo canario se pronuncie, vía referéndum, sobre la viabilidad de las extracciones petrolíferas y que, en su caso, sus eventuales beneficios reviertan en Canarias".Bien está que se pretenda garantizar el cuidado del medio ambiente y, en su caso, las correspondientes compensaciones por los presuntos daños medioambientales que pudieran producirse al extraer el petróleo; pero tratar de organizar un referéndum sobre si procede o no alumbrar las riquezas del subsuelo marino, en unos momentos en que el petróleo roza los 50 dólares el barril de 159 litros, constituye un ejercicio de ramplonería demagógica y de despropósito económico. ¿Acaso Marruecos ha anunciado que renuncia a hacer lo propio a escasa distancia, por cierto, de los yacimientos hallados a 30 kilómetros de las costas lanzaroteñas?

El último asunto que nos llama la atención es el acuerdo de Coalición Canaria de adoptar como propia -con el deseo confesado de que sustituya a la actual de la Comunidad Autónoma- la bandera de las siete estrellas verdes, que fue inventada por Antonio Cubillo en su etapa argelina como líder del MPAIAC. Que un partido en el Gobierno llegue a este acuerdo innecesario se nos antoja una falta de sentido común, coherencia y madurez impropios de quien hasta ahora ha seguido una trayectoria limpia y alejada de sospechosas veleidades independentistas. Ni esa es la bandera del pueblo, ni este símbolo cuenta con el suficiente arraigo popular en esta tierra, ni como es lógico prosperará más allá de su utilización partidaria, escenográfica y emocional. En vez de buscar señas comunes de identidad y de historia, CC ha optado por ampararse en el símbolo de un sentimiento minoritario ya superado. En el pecado llevará la penitencia.