Uno de los aspectos que ha caracterizado el resultado de los dos referendos que se han realizado respecto al proyecto de Constitución europea en Francia y Holanda, es la perplejidad en que nos encontramos muchos ciudadanos sobre qué sucede a partir de ahora.

Hay que clasificar al menos como de notable el hecho de que nadie sepa responder con exactitud la pregunta de ¿y ahora, qué?, o que, por el contrario, se den tantas respuestas distintas, que aumenta el estado confuso al respecto. Y no digamos en Canarias, donde la ubicación más aproximada a cómo nos encontramos, es situarnos en Babia. Por lo que parece, a pesar de que todas las señales de este fracaso que apuntaban en el horizonte, no hubo estadista que previó que esto ocurriera y tuviera preparada una respuesta como reflejo de la situación real, los pasos que se tendrían que dar en el futuro y el destino final de ese camino. Es asombroso, pero en el ámbito político de la UE no existe un "plan b", que es lo mínimo que se podría pedir a quienes están diseñando un proceso tan complejo como es una Constitución que ha de ser refrendada por tantos países y con tan distintas circunstancias.

De momento, lo único que se sabe con mayor certeza es que los días 16 y 17 de este mes, se reunirá en Bruselas el Consejo Europeo. Allí se analizará si vale la pena seguir con el proceso de ratificación o si se declara la muerte del tratado.

Hasta ahora, la Constitución europea ha sido aprobada por 10 de los 25 miembros, pero sólo uno -España- lo ha hecho a través de la vía de la consulta popular. Partidario de continuar es el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, que quiere que todos los gobiernos lleven a cabo sus propios procedimientos de ratificación para ver dónde se sitúa finalmente la opinión pública y tener un retrato de la misma. Pero sucede que hay países que se han pronunciado o lo harán por referendo y otros por sus Parlamentos, algo que no es lo mismo a la hora de saber qué piensan de verdad los ciudadanos europeos, directamente y no a través de sus parlamentarios.

En caso de continuar, el borrador de Constitución dice en el artículo IV-442-4 que si después de dos años de haberse firmado el tratado (29 de octubre de 2004), veinte estados miembros lo han ratificado y otros "han encontrado dificultades", el asunto será trasladado al Consejo Europeo. Pero en el artículo no se dice lo que el Consejo Europeo debe hacer. Es posible que el Consejo busque revivir el tratado de alguna manera o trate de lograr un acuerdo sobre algunas medidas limitadas, pero esa es una decisión que sólo entonces se conocerá. Sigue sin haber un plan alternativo.

En este estado tan poco sólido, se abren además tantas posibilidades como las puedan imaginar los dirigentes políticos de la Unión. Se puede renegociar la Constitución, y es posible que algunos gobiernos propongan un convenio, otros pueden sugerir que se hagan algunas reformas menores que no requerirían cambiar todo el tratado. Otros podrían incluso adelantar su propio proceso de integración y de esa manera formar una especie de círculo exclusivo dentro de la UE. Pero esto puede tomar varios años de negociación y puede pasar de todo. ¿Y cómo quedaría Canarias? Nadie tiene ni idea.

La Unión Europea también debe enfrentar un problema que aparece con la mayor crudeza, el de las diferencias de opinión entre la población de algunos de los países y su clase política dirigente. La realidad es que no se trata sólo de Francia, Holanda y seguramente el Reino Unido y Luxemburgo, entre otros lugares donde triunfó o puede triunfar el 'no', sino que hay otras naciones que llevan el tema a la aprobación de sus Parlamentos, porque tienen grandes dudas de que las propuestas pudieran prosperar en una consulta pública. Y ese miedo es muy significativo como para pensar que no está sucediendo nada.