VÍCTOR GARRIDO
SANTA CRUZ


El Gobierno autonómico y el Partido Socialista Canario abrieron ayer una puerta al diálogo y el consenso sobre el proyecto de ley de medidas urgentes en materia de ordenación territorial y la dinamización del turismo, una iniciativa que seguirá su tramitación en la Cámara tras el rechazo de Coalición Canaria y Partido Popular a la enmienda a la totalidad presentada por los socialistas.

Esta propuesta legislativa –que ha generado gran controversia habida cuenta del importante número de críticas vertidas por diferentes instituciones y colectivos del Archipiélago- pretende simplificar la normativa actual en materia de ordenación del territorio así como la reorientación del crecimiento turístico basándose en criterios de calidad y competitividad.

Fue al final del debate, concluida ya la votación de la enmienda a la totalidad, cuando el presidente canario, Paulino Rivero, pidió la palabra y se dirigió al grupo socialista apelando al "máximo esfuerzo, trabajo y unidad" para sacar adelante una "ley estratégica" para el futuro a medio y largo plazo del Archipiélago.

"El fragor de la batalla ha terminado hoy", declaró Rivero, quien invitó a la oposición a "trabajar conjuntamente, dedicando las horas que sean necesarias, para sacar una ley con el máximo de consenso posible", junto al resto de agentes económicos y sociales canarios.

El diputado socialista Manuel Fajardo recogió el guante lanzado por Rivero (bien es cierto que, en su intervención anterior, Fajardo había apelado también por consensuar el texto), y declaró que su grupo "aportará las modificaciones necesarias para sacar una ley capaz de afrontar los problemas que existen en Canarias". No obstante, el diputado del PSC-PSOE lamentó que la oferta del presidente canario no hubiera "llegado antes" y defendió que, en materia de ordenación territorio, "34 votos son más que 26, pero 60 son mejor que 34".

Por lo demás, el debate de primera lectura de las medidas urgentes en materia de ordenación territorial comenzó con una amplia explicación por parte del consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, quien destacó que la norma incide en la dinamización y preservación del campo y prohíbe clasificar en los próximos cinco años nuevo suelo turístico.

Los socialistas criticaron la urgencia del Gobierno para resolver ahora los problemas del sector primario e industrial, "cuando llevan 15 años gobernando". Mientras que CCy PP coincidieron en culpar al PSOE de que la nueva moratoria no haya tenido consenso.

El proyecto de ley de medidas urgentes entra ahora en la fase de presentación de enmiendas al articulado para su debate en comisión parlamentaria y posterior aprobación, si procediera, en el Pleno del Parlamento, previsiblemente el próximo mes de febrero