VICENTE PÉREZ
EL ROSARIO

La Dirección General de Urbanismo advirtió en abril de 2007 al Ayuntamiento de El Rosario de que había aumentado de forma ilegal "el ámbito y la edificabilidad" del suelo urbanizable de Varadero. El entonces director general, Rafael Castellano, remitió un informe al Consistorio para señalarle la irregularidad de este procedimiento, pues el gobierno municipal que preside Macario Benítez había modificado suelos urbanizables "sin un mandato expreso por la Cotmac y sin estar suspendidos para ser expuestos nuevamente a información pública".

El documento firmado por Castellano es un informe de los servicios técnicos y jurídicos de la citada Dirección General sobre el Texto Refundido de revisión del Plan General de Ordenación (PGO) que el pleno del Ayuntamiento había aprobado el 7 de febrero de 2007. Cabe recordar que El Varadero era una de las partes del PGOque habían quedado aprobadas de forma definitiva desde el 20 de diciembre de 2006 por la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), órgano que dio el visto bueno a todo el Plan General a fines de mayo de 2007.

El alcalde respondió a Castellano una semana después con un escrito en el que se comprometía a aprobar en el pleno el PGO "sin variación ninguna" de la parte que ya el Ayuntamiento había aprobado el 9 de noviembre de 2006. "Por el presente, le manifiesto que la Corporación que presido, en ningún momento ha tenido voluntad de modificar aquella parte del Plan General ya aprobada definitivamente, y no expuesta, por tanto a nueva información pública", replicó Benítez.

La tramitación del plan parcial de El Varadero es ahora objeto de una causa penal, tras una denuncia de la Fiscalía y una querella de IR-Verdes, en la hay ya trece imputados -todo el gobierno municipal del PSOE en el pasado mandato, junto a la secretaria general del Ayuntamiento- por prevaricación y tráfico de influencias. Ayer declararon ante el Jugado de Instrucción Número 3 de Santa Cruz de Tenerife el ex concejal y actual asesor municipal Eugenio Marrero, y la ex edil Raquel Delgado.

El plan parcial de Varadero (260.000 metros cuadrados y casi mil viviendas) lo aprobó en junio de 2004 el pleno del Ayuntamiento, con efectos retroactivos hasta octubre de 2002, justo unos días antes de entrar en vigor el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT), que protege estos terrenos por sus valores medioambientales. Sin embargo, desde 2002 existían en la Cotmac informes contrarios a este plan parcial porque afectaban el PIOT y la llamada Ley de la Moratoria Turística. De estas dos trabas legales avisó también la arquitecta municipal, Ángeles María Brito, ese mismo año en dos informes. Contra este suelo urbanizable ha dictado ya el TSJC tres resoluciones: un auto (de 2005) y tres sentencias (2006 y dos de 2007), las tres primeras firmes, según las cuales prevalece el PIOT sobre el intento de urbanizar ElVaradero.

El TSJC, en una de sus sentencias, ha señalado: "Llama poderosamente la atención a este Tribunal que la Cotmac aprobara en el año 2005 una modificación de las Normas Subsidiarias del Planeamiento de El Rosario en las que se suprimiera el uso alojativo turístico en el ámbito de El Varadero, cuando lo cierto es que el uso residencial que se contempla ahora para la zona es contradictorio con lo dispuesto en el PIOT".