DAVID SANZ
LOS LLANOS DE ARIDANE


El conflicto laboral que emprendió la Policía Local de Los Llanos deAridane el pasado verano ha tenido graves consecuencias para siete de los miembros de este cuerpo, después de que ayer se emitiesen los correspondientes decretos por parte del alcalde, Juan Ramón Rodríguez Marín, sobre los expedientes disciplinarios en los que se les sanciona con la pena máxima que supone la "suspensión de funciones durante el plazo de tres años", que comenzarán a cumplir el próximo primero de mayo.

Los decretos, a los que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, recogen la desestimación de las alegaciones que presentaron en su momento los agentes ante la propuesta inicial. Recogen además los hechos que han conducido a esta situación, que fueron las concentraciones de los policías en protesta para conseguir las mejoras laborales que reclamaban como justas, "participando en una huelga o en una acción sustitutiva de huelga, incumpliendo las órdenes de vigilancia y control que tenían asignados en el municipio de Los Llanos deAridane".

La calificación que ha dado el Ayuntamiento a esta actuación es de "dos faltas muy graves, tipificadas en el artículo 47, apartados 4 y 10, de la Ley 6/1997, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias". Con esta resolución, la plantilla de la Policía Local, compuesta en la actualidad de 29 agentes, se ve mermada prácticamente en su cuarta parte.

Medidas.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública (STAP), Domingo Chávez, que ha ejercido de portavoz de los agentes en sus reclamaciones y de la que participó la casi totalidad del cuerpo de agentes locales de Los Llanos, lamentó esta decisión y anunció que solicitarán la suspensión cautelar de las sanciones, además de expresar su intención de denunciar al alcalde por la vía de lo penal.

Chávez criticó que "ante el hecho de que la plantilla no se ha doblegado, el alcalde se ha convertido en un verdugo", considerando que la resolución ha sido "un acto abusivo y persecutorio". El representante sindical indicó que esta pena máxima se ha impuesto a unos policías no por el mal ejercicio de su profesión, "sino por una reivindicación del colectivo para conseguir unas mejoras en el trabajo que son justas". Mientras que el alcalde, "lejos de resolver los problemas adopta una actitud vengativa y rencorosa". Desde el sindicato entienden que puede haber persecución sindical.

Chávez añade que el alcalde, en la instrucción de los expedientes, "se ha convertido en juez y parte". "Sabemos que él ha estado detrás", agregó. Asimismo, recordó que una suspensión de tantos agentes sólo ha ocurrido en Coslada, un ayuntamiento de Madrid donde los agentes fueron detenidos por presuntos casos de corrupción. "En este caso ha sido al revés, la ruindad no está en la plantilla sino en la alcaldía".