No cabe duda de que el Partido Socialista Canario-PSOE ha tomado la iniciativa con su original proposición de ley para reformar el provisional y sin embargo invariable sistema electoral del Archipiélago. Sabido es que se trata de un método imperfecto, aunque acaso también el menos imperfecto de los barajados hasta la fecha. La actual norma se basa en el por ahora intocable principio de la triple paridad, según el cual ambas provivincias canarias eligen el mismo número de escaños en el Parlamento, treinta, tantos como suman las islas capitalinas juntas (y las no capitalinas), mientras que las dos islas mayores, Tenerife y Gran Canaria, eligen quince diputados cada una. El resultado de este juego de equilibrios es conocido, la diferencia en el valor del voto por la muy distinta cantidad de sufragios necesarios para obtener un escaño entre unas y otras islas, aunque al mismo tiempo se han combatido con éxito los conocidos agravios a cuenta del número de diputados entre una isla capitalina y otra, entre las islas occidentales y las orientales, pues el saldo final siempre es el de un estabilizador empate.



Pues bien, la propuesta elaborada por el portavoz socialista en la Cámara, Santiago Pérez, huye deliberadamente de cualquier cuestionamiento sobre los cimientos de la triple paridad, lo que puede entenderse como una jugada política inteligente o, mejor dicho, astuta, porque al renunciar a principios casi históricos del PSC-PSOE, como la creación de una circunscripción regional de diez diputados, reconoce de modo implícito la intangibilidad de la circunscripción insular como único camino de acceso al Parlamento de todos los canarios. Este hecho, queridos lectores, resulta relevante en la medida que introduce un elemento de debate interno en el gran adversario electoral del PSOE, que no es otro que Coalición Canaria. Y algunos partidos insulares ahora integrados en CC, como por ejemplo los de La Palma, El Hierro y Lanzarote, son enemigos declarados de la lista regional pero contemplan con buenos ojos una reducción de los topes de voto necesarios para acceder al Parlamento. Y ahí se centra la propuesta de los socialistas, que proponen ahora reducir del 30% al 5% el listón a partir del cual los sufragios son contabilizados. Diríase que el PSOE busca, con esta iniciativa, enredar el corral interno de sus rivales, más que propiciar una reforma en serio del sistema electoral canario. Es sin duda un objetivo político legítimo, pero de un vuelo también limitado, por mucho que desde el punto de vista democrático sea el de los socialistas un planteamiento irreprochable, porque los actuales topes de voto son excesivos a todas luces y merecerían una revisión a la baja, y con urgencia.



Hay una cuestión que no nos cansamos en repetir: cambiar la legislación es siempre muy difícil, por una razón fácil de entender: se pide a los políticos, en este caso a los elegidos diputados del Parlamento, que decidan sobre el procedimiento por el cual tienen que ser electos. Y, claro, ya puestos, piensan sus señorías: si con este método yo he entrado en el Parlamento, ¿para qué cambiar? Esta tendencia proteccionista resulta más patente en aquellas fuerzas políticas que acceden al poder con la legislación vigente. Pero, al mismo tiempo, hay que afirmar que la denuncia sobre una especie de sistema electoral canario trucado y antidemocrático es una falacia que no se sostiene. Ocurre en este caso que tales denuncias tienen que ver más con la coyuntura política, y con la vida interna de los partidos, que con los principios democráticos. Lo demuestra una breve mirada a la historia, a los azarosos episodios de nuestra historia política y uno de sus escenarios fundamentales, nuestro Parlamento.



Por qué fueron establecidos, a modo de Disposición Transitoria en el Estatuto y a falta de ley específica, los topes de voto necesarios para acceder al Parlamento? Pues para evitar un hecho que fue tomado en los inicios de la autonomía como una perversión política en toda regla. Nos referimos a la desmesurada influencia que diputados de islas concretas -generalmente menores en población, que no en importancia- llegaron a ostentar, y no en beneficio de los intereses generales de Canarias, sino de su isla de residencia o incluso de municipios concretos. Se escribió entonces, y hasta la saciedad, sobre la existencia de gobiernos canarios rehenes del llamado diputado 31, que con unos pocos votos se convertía en árbitro del poder político en el Archipiélago. La respuesta, sin duda defensiva y por ello imperfecta, fue elevar los topes y forzar con ello una confluencia de partidos insulares o insularistas hacia proyectos de dimensión regional, porque el Parlamento, en puridad, está para ejercer la función legislativa y de control con ámbito autonómico; a partir de ahí, es cierto que cada diputado mira con especial atencion los asuntos de su circunscripción -es normal, son sus votantes-, pero sin pasarse de rosca y condicionar todo el edificio a intereses sectoriales no siempre confesables. Y, por eso, ni más ni menos, se movieron los topes al alza, desde el 3% regional y el 20% insular al 6% y el 30%, respectivamente. Ahora los socialistas quieren revisar este umbral, pero lo hacen desde el cálculo más que desde la convicción; saben bien que los topes impidieron en los comicios de 2007 el acceso al Parlamento, con dos valiosos diputados, de un socio actual, Nueva Canarias. Así las cosas, y del mismo modo que se entiende el afán socialista, hay que exigir una mirada un poco más ambiciosa sobre el particular, aunque aún por debajo hay que evaluar la respuesta de Coalición Canaria y Partido Popular, que responden con el encogimiento de hombros y un argumento escaso: esto no es un asunto importante para los ciudadanos canarios. Hombre, pues sin duda no es el gran asunto de Canarias en este momento, pero la salud del sistema democrático -y las elecciones son pieza esencial del mismo- siempre es un asunto importante y merecedor del debate a fondo. Es lo que esperamos ver, ahora y en los próximos meses, porque ni el oportunismo ni el inmovilismo son respuestas a la altura de las circunstancias, aunque, de momento, esto es lo que tenemos.