El gabinete de estrategia del presidente Rodríguez Zapatero no parece muy capaz de confeccionar un programa económico mínimanente consistente para presentarlo en, pongamos por caso, el debate sobre el estado de la nación. Por el contrario, debe contar en nómina con maestros del regate corto que, tan notoria es su habilidad, dejarían a Messi en el papel de mero aprendiz. Finalmente el debate de política general se ha visto transformado en un sandwich rodeado por dos anuncios de impacto, ambos en la esfera de la política sanitaria y la mujer: la aprobación de la píldora postcoital sin receta médica, antes, y del anteproyecto de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, después.

Resulta obvia la pretensión del Gobierno por convertir este asunto no en un debate sobre argumentos, sino en un fiero combate que se libra en términos puramente ideológicos. Ocurre sin embargo que una cuestión como el aborto es demasiado importante como para tomarla a la ligera, como si fuera una metralla más de la lucha diaria contra el adversario político. En esto también se equivoca gravemente el PP, que se mueve presa de una grave contradicción: por un lado afirma que la reforma de la legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo no es una cuestión que interese hoy a los ciudadanos españoles -como si, por hablar del paro y las hipotecas, cualquier otro asunto quedase prohibido-, mientras por otro concede aliento a los colectivos provida que han hecho de este asunto una batalla en toda regla entre la virtud y el pecado.

En todo caso le sale a cuenta al Gobierno el recrudecimiento de las hostilidades, pues cree gozar, con buen criterio, del favor de la opinión pública, ya sea por convicción, asentimiento o desidia, frente a un adversario poderosamente movilizado, pero minoritario. Además, facilita la identificación del PP con los sectores más conservadores de la sociedad, con la Iglesia Católica como acompañante habitual. Pero es como si al Gobierno no le interesara una aproximación serena a un asunto tan complejo y delicado como el del aborto, como si no tomara en consideración la evidencia de que las reformas legales de calado, para ser perdurables, necesitan respetar la transversalidad de la sociedad, y que contra el numantinismo no es receta válida el desplante, ni aun disfrazado de progresismo. Porque uno puede no compartir las posiciones extremistas, en el fondo y la forma, de ciertos colectivos antiabortistas, pero no por ello se puede negar que han sido personas de estas organizaciones las que han denunciado, con pruebas, los abusos cometidos al amparo de resquicios en la legislación actual, abusos que tienen todo que ver con el afán de lucro de algunos desaprensivos y nada con los derechos de la mujer, empezando por el de su libertad de elección y las garantías de una atención eficaz y segura. Y contra estos chiringuitos del aborto al peso, tanto dinero a tantos meses de gestación, no ha dicho aún una palabra este Gobierno, que camina en una dirección razonable por un lado -por derecho comparado, el sistema de plazos nos homologará con los países de Europa Occidental-, pero carece del coraje para plantarse ante los suyos y atajar ciertos abusos cimentados en el fraude de ley, de la vigente y acaso también de la que viene.

No debe resultar casual que, al mismo tiempo que se pregona el aborto como una prestación pública y gratuita, sea la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo una de las primera en felicitar al Ejecutivo socialista. Pero peor aún que eso es la inequívoca intencionalidad temporal del anuncio: las propias convicciones, como el aborto y la laicidad, convertidas en señuelo con el que huir de una realidad áspera.

jmbethencourt@diariodeavisos.com