SANTIAGO TOSTE
ICOD DE LOS VINOS

Poco más de dos horas (de las 10.15 a las 12.30); medio centenar de trabajadores y empresarios, y una veintena larga de efectivos de la Guardia Civil. Estas son algunas de las cifras que ilustran el precinto y la suspensión de actividad que ayer se ejecutó sobre las cinco empresas radicadas en la zona de Riquel, en Icod de los Vinos.

La medida, aplicada por el Seprona y el secretario del Juzgado de Instrucción Número Uno de la ciudad -con la presencia de representantes de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural- es un nuevo capítulo de las diligencias que instruye la jueza a raíz de una denuncia vecinal formulada en 2004 por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente. Los denunciados: Prefabricados Santa Bárbara, Forthor Canarias, Áridos Abreu Luis, Desguaces Tenerife y Desguaces Insulares.

Calma y preocupación.

La jornada estuvo protagonizada por la tensa espera de trabajadores y propietarios, quienes iban contemplando el paulatino precinto de sus lugares de empleo. Una pancarta: Queremos mantener nuestro puesto de trabajo. La solución de Riquel no es el precinto inmediato, y el lema "queremos trabajar", coreado en varias ocasiones, fueron la respuesta crítica a la suspensión de la actividad industrial que se encontró la Guardia Civil. Los afectados mostraron su espíritu cívico, mantuvieron la calma y no se registró ningún incidente.

"Doscientos trabajadores, doscientas familias -explicó Roberto González, portavoz de los empleados de Desguaces Tenerife- nos veremos en la calle; queremos seguir trabajando y demandamos a las administraciones que nos echen una mano, que busquen una solución y que den tiempo suficiente a los empresarios para reubicar las industrias". En parecidos términos se manifestó Antonio Abreu, dueño de Áridos Abreu Luis SL, quien subrayaba que además la iniciativa judicial propiciaría la pérdida de "miles de trabajos indirectos". "Tiene que haber una solución -recalcó-, no se puede permitir que todo el Norte se vea afectado por una medida que es precipitada". Abreu aseveró que su empresa ya no se dedica a extraer áridos, sino que recicla el material que resulta de las obras del Anillo Insular. "A su vez -indicó- suministramos ese material a obras como la del puerto de Garachico, por lo que supongo que ese proyecto, o cualquier otro que se haga en el Norte, se paralizará, a no ser que se asuma el gasto añadido que supondrá traer los áridos de otros lugares, como Güímar". Cuestionado por la posibilidad que se ha formulado estos días de reinstalar las industrias en el polígono de Las Almenas, Abreu explicó que la medida no es factible a corto plazo, pues antes se debería llevar a cabo su ampliación.

Celio Rodríguez, en representación de Desguaces Tenerife, aseveró que las empresas "han elaborado todos los planes y alternativas posibles para solucionar el problema". "Lo que no está en nuestra mano, sino en la de la administración -puntualizó-, es recalificar o autorizar que nos reubiquemos en otro sitio". "Nosotros no nos oponemos a irnos -afirmó-, pero aquí ha faltado voluntad política y las administraciones llevan tiempo engañándonos".

El Ayuntamiento celebró ayer un pleno extraordinario en el que se presentó una propuesta conjunta de los portavoces de CC y PP para contemplar la posibilidad de que las industrias soliciten licencias provisionales para ejercer su actividad en tanto que se amplía el polígono de Las Almenas. La iniciativa, según informa el Ejecutivo local (CC-PP), contó con la abstención de "los tres únicos concejales presentes del PSOE". Los Verdes de Icod y el CCN emitieron sendos comunicados. Mientras que los ecologistas mostraron su apoyo al auto judicial y a la ampliación del polígono de Las Almenas, desde el CCN propusieron una retirada"progresiva y negociada" de las industrias de Riquel.