VICENTE PÉREZ
SANTA CRUZ

El alcalde de la capital tinerfeña, Miguel Zerolo, anunció ayer que "desgraciadamente, el Parque Marítimo seguirá cerrado" hasta que el Juzgado resuelva la denuncia por deshaucio presentada contra la arrendataria de este recinto público Santa Cruz Park Tenerife SL, cuyo juicio está previsto para julio próximo. El regidor municipal apuntó, además, que a la empresa "no se le puede permitir" que reabra este espacio "sin que avale primero sus deudas" con Parque Marítimo SA, la sociedad concesionaria de este lugar, que preside el propio Zerolo, y que está formada por el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria.

El alcalde respondía así a una pregunta del concejal de Ciudadanos Ángel Isidro Guimerá, sobre las medidas que va a tomar el Ayuntamiento para qiue se abran este verano las pisicinas. Cabe recordar que el Parque Marítimo está cerrado por huelga de los trabajadores de Santa Cruz Park Tenerife SL, dado que el empresario, Luis Gil, alega que no les puede pagar por la falta de liquidez en que le ha dejado no poder contar con ingresos por la celebración de fiestas. Y es que la Gerencia de Urbanismo -que preside Luz Reverón- no permite desde el verano de 2008 celebrar estos eventos tras las denuncias de la Unión de Consumidores (UCE-Tenerife) y el abogado Felipe Campos en representación de la Asociación de Vecinos Cabo Llanos. Aducen los denunciantes que el contrato de explotación y la concesión administrativa no recogen estos usos, y que Gil sólo paga por explotar piscinas. El Cabildo, que se subrogó el expediente, a solicitud de Gil porque Reverón no le daba licencia, le ha denegado también esta autorización genérica.

Pese a todo, Zerolo dejó ayer abierta la posibilidad de que finalmente sí se puedan celebrar fiestas, después, dijo, de que la Abogacía del Estado "ratificó que se podían hacer porque estaban dentro del plan de uso y gestión del Parque Marítimo". "Al final parece ser que sí se pueden realizar eventos;lo que no puede haber es un permiso global, sino que debe solicitarse un permiso evento a evento", explicó el regidor.

En este sentido, dijo que, tras la decisión del Cabildo, "el Ayuntamiento es el que tiene que dar los perrmisos de eventos puntuales, se pida uno o ochocientos", al tiempo que abogó por agilizar este tipo de trámites mediante una regulación "más clara". En otro momento de su intervención, el alcalde atribuyó a "la presión mediática y la física" la tardanza de Urbanismo en resolver el expediente, si bien cabe recordar que la jefatura del servicio jurídico de la Gerencia informó en contra de dar licencia a Gil, e incluso en el expediente obra la propuesta de resolución denegatoria, aunque en fechas recientes se le ha añadido un contrainforme favorable elaborado por el secretario delegado de este organismo municipal.

Zerolo, quien en varias ocasiones se refirió de forma enigmática a que esta polémica "se origina por lo que se origina", dijo que la denuncia contra usos irregulares en el Parque "la han presentado dos abogados mediáticos que van perdiendo cada una de sus actuaciones". Zerolo aseguró que Parque Marítimo SA "está tomando todas las medidas legales en su mano para intentar abrir cuanto antes este recinto, pero estamos en la imposibilidad legal" de hacerlo, pues "hay dos procedimientos judiciales abiertos contra el actual arrendatario".

Tras este punto, CC, PPy CCN rechazaron debatir con carácter urgente una moción del PSOE que pedía dar un ultimátum de tres días a Gil para reabrir el Parque, o, de lo contrario, asumir el Ayuntamiento su gestión.

Entretanto, los argumentos de Zerolo no convencieron ayer a los denunciantes de este caso, quienes insistieron en que si no se pueden dar licencias de eventos no se pueden autorizar uno a uno". También aseguran que el alcalde no dice la verdad cuando afirma que la Abogacía del Estado avala que se celebren fiestas, pues ésta "no se ha pronunciado sobre el asunto, sino a las cesiones de dominio público inconsentidas". Los denunciantes sostienen también que el Ayuntamiento tiene motivos y potestades legales para proceder ya al deshaucio del arrendatario por sus incumplimientos del contrato y se preguntan por qué se permite que un empresario "cierre un espacio público e insulte a la concejal de Urbanismo por no darle licencia".