El nuevo Plan África para el período comprendido entre los años 2009 y 2012, presentado el pasado mes de mayo por el Ministerio de Asuntos Exteriores, evidencia recapitulaciones a las enseñanzas de los defectos del primero (2006/08), pero no parece terminar de encajar el perfil idóneo para enfrentarse con éxito a su cuota en el reto del desarrollo del continente vecino, a tenor del análisis de varios grupos de expertos.

Si al I Plan podía achacársele, entre otras cosas, y con el descargo de su naturaleza de iniciación, no contar con suficientes controles de seguimiento y evaluación de las acciones, con el fin de no dilapidar las inversiones, este segundo intento podría estar mejor afinado en cuanto a otros planteamientos acordes con la gran complejidad y extensión de la realidad subsahariana.

El nuevo marco de actuación explicita mayor atención a aspectos errados, como la necesidad de coordinación para evitar la duplicación de esfuerzos, más atención a los de educación y salud, una mejor aplicación de selectividad hacia los países que demuestran sus compromisos con las reformas y prioridades para los buenos gobiernos.

Por otra parte, el esfuerzo de España respecto a la Ayuda Oficial al Desarrollo está fuera de toda duda, pues sus inversiones han pasado de 102 millones de euros en 2001 hasta 549 millones en 2007, un ritmo de incremento más rápido incluso que el coeficiente global de los compromisos de los países de la OCDE hacía la región, aunque todavía no figure en el ranking de los donantes más importantes del mundo.

No obstante, se echa de menos en el nuevo plan registros de optimización de los recursos en base a criterios de concentración que ayuden a no dispersar el esfuerzo y que las acciones previstas se diluyan en un mar de vasos comunicantes y en el papel secante del amplio territorio africano.

El Estado español no puede pretender por sí solo revertir la escasez de infraestructuras, el subdesarrollo del sector productivo y del capital humano o el insuficiente orden de seguridad de los 25 países subsaharianos que ha seleccionado como objetivos de sus iniciativas –son demasiados-, porque esas ayudas se dispersarán sin conseguir cuajar las tendencias de progreso pretendidas, por lo que se impone una reducción sustancial del marco de actuación para que el impacto sea eficiente.

Además, África no será posible sin el concurso de todos los países desarrollados, y el nuestro debería atender a la concentración de las inversiones en los enclaves más cercanos a sus fronteras, de tal manera que la acción llevara a establecer zonas de crecimiento capaces de asumir y absorber gradualmente las necesidades del resto de territorios en criterio de cercanía.

Si ello fuera así, Canarias, como región ultraperiférica española del Sur, tendría que convertirse en la cabeza de puente de los proyectos del Estado hacia el continente, dirigidos sobre todo a Mauritania, Senegal, Cabo Verde y, por extensión, a esos pocos y sucesivos países que limitan con éstos. También sería necesario que nuestras autoridades locales creyeran de verdad que esa es la ineludible y conveniente estrategia, activando políticas no sólo convincentes, sino consecuentes, que lleven a nuestras instituciones a estar preparadas para semejante empresa.

Nuestra situación geográfica es, una vez más, una encrucijada que relaciona la inmigración con la necesidad de desarrollo de nuestros vecinos.