* Guillermo Núñez es portavoz de ATI-CC en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.


Es verdad que las personas que padecen esa discapacidad que es la sordera pueden entenderse; es más, no sólo pueden hacerlo, sino que necesitan hacerlo a fin de así poder superar su incapacidad. Cosa bien distinta es aquel que asume como pauta de actuación el no oír a los demás por entender que lo que él dice es la verdad, la única verdad. Lo que dicen los otros no es más que pura patraña y, por tanto, rechazable a priori. Se trata ésta de una discapacidad muy difícil de superar y, lo que es más grave, que se extiende por nuestra sociedad de forma preocupante, engrosando cada día un poco más el ejército -o mejor y, de momento, la guerrilla- de los cultivadores del pensamiento (?) totalitario.

Sin duda, la circunstancia apuntada está muy ligada a la diferencia que existe entre el tonto y el perspicaz. El segundo, en palabras de Ortega y Gasset, "se sorprende a sí mismo siempre a dos dedos de ser tonto; por ello hace un esfuerzo para escapar a la inminente tontería, y en ese esfuerzo consiste la inteligencia. El tonto, en cambio, no se sospecha a sí mismo: se parece discretísimo, y de ahí la envidiable tranquilidad con que el necio se asienta e instala en su propia torpeza. Como esos insectos que no hay manera de extraer fuera del orificio en que habitan, no hay modo de desalojar al tonto de su tontería, llevarle de paseo un rato más allá de su ceguera (o de su sordera, añadimos nosotros) y obligarle a que contraste su torpe visión habitual con otros modos de ver más sutiles. El tonto es vitalicio y sin poros. Por eso decía Anatole France que un necio es mucho más funesto que un malvado. Porque el malvado descansa algunas veces; el necio, jamás".

En la mayoría de los mensajes y afirmaciones que sobre el tema de la privatización de Emmasa realizan algunos representantes del PNC en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, creo que late un deseo consciente de confundir al ciudadano, tal vez, porque parten de considerar que los mismos son tontos. Hagamos referencia a algunas de esas afirmaciones: el resultado del concurso público convocado es un mero paripé, puesto que el beneficiario será con toda seguridad la empresa Aguas de Barcelona; la Mesa del Agua está radicalmente en contra de la privatización del agua en general; es falso que estén garantizados los actuales puestos de trabajo; el proceso de privatización de Emmasa está plagado de irregularidades jurídicas…

Hasta el presente y, obviamente, hasta el final, el proceso de enajenación o venta de la mayor parte de las acciones de la empresa pública de abastecimiento de agua, durante un período de veinticinco años, ha seguido todos y cada uno de los pasos previstos por la Ley para que el mismo pueda realizarse sobre la base de los criterios de transparencia, legalidad y respeto a la más estricta objetividad. Afirmar que el concurso está amañado, además de falso, es una desgracia que los jueces de este país lo permitan como propio del lenguaje de los políticos, sin que de ello se deriven responsabilidades de ningún tipo para quien así denigra; confundir la privatización temporal de la gestión del suministro del agua con la privatización del agua es otro ardid más del juego de la confusión; por lo que se refiere a no garantizar los actuales puestos de trabajo, basta con comprobar cuál es la respuesta de los propios trabajadores de Emmasa; afirmar que el proceso está plagado de irregularidades jurídicas es tanto como decir que los funcionarios del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife son, como se acusa a los concejales del grupo de gobierno, unos corruptos. Pero afirmar todo esto, como tratar de desmentir estas falsedades y muchas otras que a diario se sustentan respecto al proceso de privatización, tiene poco interés para aquellos que no quieren oír. Porque se trata de esto, de no querer escuchar, de negar la legitimidad democrática de una corporación a la hora de decidir la venta parcial por un tiempo determinado de una empresa pública, con la finalidad de obtener recursos que se van a destinar a mejorar fundamentalmente los barrios de la ciudad. Y todo ello, con la garantía de que las tarifas del agua en el futuro continuarán siendo fijadas por el Ayuntamiento, que corresponderá a éste el control y seguimiento de las actuaciones realizadas por la empresa adjudicataria del concurso, que la adjudicataria, para serlo, tendrá que presentar detallados planes de inversiones y garantizar la mejora en la calidad de la prestación del servicio, etcétera.

Si aplicáramos las mismas pautas de actuación que siguen algunos representantes del PNC, ahora estaríamos afirmando que resulta cuanto menos extraño la acusación que hace don Ángel Isidro Guimerá en el sentido de que el adjudicatario del concurso será la empresa Aguas de Barcelona. ¿Cómo lo sabe? ¿No será acaso que detrás de tanta acusación esperpéntica se esconde algún tipo de interés económico de tipo personal para así defender a otros posibles concursantes? En fin, aparte del respeto que nos merece el señor Guimerá como concejal, estamos convencidos de que la mayoría de los ciudadanos no son precisamente tontos, y que ya son mayorcitos para saber deslindar lo que es demagogia y política mezquina de lo que es rigor y seriedad en el ejercicio de las responsabilidades políticas. En todo caso, es el sentido común el que aconseja que ante tanta miseria política e intelectual lo más saludable es aquello de "a palabras necias, oídos sordos", pero no obstante ello, siempre estaremos dispuestos a explicar, a quien quiera oír, las razones que nos llevan a creer que la opción que defendemos es la mejor para los intereses de nuestra capital, de sus barrios y, en definitiva, de sus vecinos.