Santiago Toste
Puerto de la Cruz

Nuevo pleno, nuevo debate acalorado entre gobierno local (CC-PP) y oposición (PSOE). El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz celebró ayer una sesión ordinaria donde, como viene siendo norma, no faltaron el intercambio de reproches, algún que otro rifirrafe y el contraste llevado al extremo entre el modelo de gestión municipal que defienden unos y otros. La reciente auditoría, la modificación de los estatutos de la empresa municipal Pamarsa o la revisión del contrato a Sufi-Tarajal motivaron el cruce de acusaciones. Sin embargo, también es cierto que salieron adelante -a menudo, desde el consenso- iniciativas de interés general para la ciudadanía.

Entre estas últimas figuró, por ejemplo, la de dejar exentos este año del pago de tributos por la tasas de recogida de residuos, ocupación de la vía pública y toldos a un total de 42 establecimientos del Paseo de las Cabras, la Calzada de Martiánez y la calle de San Felipe, por los perjuicios que les han ocasionado las obras del denominado Plan de Choque. Dicha medida, según explicó la edil de Hacienda, Sandra Rodríguez, podría ampliarse próximamente a los negocios del Mercado Municipal o la calle Mequinez.

CC-PP argumentó ayer, en el pleno y en una rueda de prensa previa, la revisión del precio del contrato de la concesión administrativa del servicio de recogida de basura y limpieza viaria a Sufi-Tarajal en la voluntad de dar salida a "una cuestión del anterior Ejecutivo (PSOE)" que aún no se había resuelto. Sandra Rodríguez apuntó que existía un desfase de 386.000 euros al año a favor de la adjudicataria, que presta más servicios de los incluidos en el contrato original.

La medida, que al carecer de consignación presupuestaria no va más allá del reconocimiento de esta deuda sobre 2009 (la de 2008, similar, aún habrá que negociar), fue defendida por el equipo de gobierno como una manera de garantizar la continuidad de la empresa y, sobre todo, salvaguardar los puestos de trabajo. Frente a esto, el edil socialista David Bernat cuestionó la legalidad del acuerdo y situó el origen del problema en el mismo contrato de la concesión, formalizado en su día por CC.

De igual modo, el consenso no existió al tratar la modificación del objeto social de Pamarsa, con el fin, según CC-PP, de eliminar los servicios que ya no presta, dar cobertura a los que sí y hacerla más rentable como "empresa multiservicios". Además se busca que con las figuras de "medio propio" y "servicio técnico" se le encomienden prestaciones sin necesidad de ir a concurso. Pero para el PSOE todo esto no vendría más que a mostrar una forma de gobierno "contradictoria, desnortada y sin proyecto de futuro". A ese respecto, recordaron que CC "paró la creación de la Sociedad de Promoción", con la que el anterior Ejecutivo "pretendía generar instrumentos que contribuyeran al desarrollo del municipio".

La enmienda a la totalidad de CC-PP a una solicitud socialista de enviar a la Audiencia de Cuentas la auditoría sobre 2006 y el primer semestre de 2007, "para analizar si su contratación ha sido contraria a derecho", también estuvo presente en una sesión donde las reiteradas llamadas al orden y la negación de turnos de palabra volvieron a ser la tónica.