La lucha contra el cambio climático no es ya sólo la prioridad central de los movimientos ecologistas de todo el mundo. Ha entrado en la agenda pública de la mayoría de los gobiernos, que se aprestan a incentivar sistemas de reducción de gases contaminantes y de consumo de energía.

En Canarias, más del 40% de la energía primaria se consume en la generación de electricidad: un fluido casi tan vital como el agua para que todo funcione. Es también un elemento esencial para la competitividad de las empresas, sobre todo cuando el principal de nuestros sectores "exportadores", el turismo, ha de ajustar sus costes para hacer frente a una competencia globalizada y barata.

Siendo esto así, podemos afirmar que en materia de generación eléctrica seguimos instalados en el siglo XX, tanto por sus elevados costes como por su capacidad contaminadora, ya que seguimos siendo la única comunidad española que depende casi al 100% de los derivados del petróleo, una fuente mucho más contaminante y cara que el gas natural y mucho más contaminante que las energías alternativas, eólica y solar, principalmente, que apenas abastecen hoy el 2% de nuestra demanda eléctrica.

Canarias fue la primera comunidad en demandar las centrales de ciclo combinado fuel-gas natural mediante acuerdo de su Parlamento en 1989, cuando en la Península ni se conocía esa técnica, que permite reducir las emisiones de efecto invernadero y el costo de generación. Si veinte años después, en 2008, hubieran estado instaladas, nos hubieran permitido arrojar a la atmósfera 1.200.000 de toneladas métricas de C02 menos, casi una cuarta parte de las emitidas el año pasado.

Pero veinte años después seguimos sin disponer de esas centrales, mientras en la Península suministran ya el 32% de la energía eléctrica consumida. Es decir, en Canarias estamos generando un sobrecoste cercano a los 300 millones de euros al año (según el último estudio económico de académicos de la Universidad de la Laguna) , que viene a ser unos 150 euros por canario y año. Y ese exceso de gasto no se produce -como ocurre con las energías alternativas - para contaminar menos, sino para seguir contaminando con la energía eléctrica mucho más que en 1990, fecha de referencia del Protocolo de Kyoto.

En Canarias, sin embargo, el movimiento ecologista vive ajeno a todo ello y no duda en activar todas las argucias imaginables para impedir que las plantas de gas natural se instalen . Valora mucho más la afección a un kilómetro cuadrado de sebadal (menos del 1% del registrado en las aguas archipielágicas) del Puerto de Granadilla que los beneficios ambientales que reportará este combustible. Y ello, a pesar de las medidas medioambientales correctoras introducidas al proyecto, como es, entre otras, la creación de dos zonas protegidas más para esta planta en los litorales de Tenerife y Gran Canaria.

No se tiene en cuenta un balance global de los beneficios y costes medioambientales que ambos proyectos producen. Y por eso se sigue apostando por el inmovilismo y el estancamiento que nos conduce a una depresión sostenida.

Con estos argumentos, se puede afirmar que en Canarias los movimientos ecologistas, lejos de promover iniciativas de freno al cambio climático, han propiciado iniciativas que lo aceleraban, dado el alto aumento del consumo eléctrico de las últimas décadas.

Bloquear el Puerto de Granadilla y las centrales de gas han sido una medida de desarrollo insostenible, tanto medioambiental como socioeconómico.

Tampoco hemos sido nada ágiles en el despliegue de las energías alternativas, altamente subvencionadas por el Estado; que a partir de ahora -últimas noticias - van a requerir de nuevos embalses para que la potencia sobrante que generen por la noche no sea desperdiciada y se aproveche durante el día.

Tener que insistir sobre estas evidencias con uno de cada cuatro canarios en paro resultaría casi absurdo si no fuera porque algunos siguen ignorando el momento en que vivimos, sin ajustar sus viejos mensajes al momento presente.



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