Acaso sea sólo un titular de prensa oportunista y no debamos hacerle caso, pero si es verdad que el secretario general del PSOE-PSC declaró el pasado martes que su partido apoyará la Policía Autonómica si Adán Martín garantiza libros de texto gratuitos, es que el debate sobre la reforma del Estatuto de Canarias es mejor tomárselo a coña. ¿Por qué no usar los fondos de la Televisión canaria, o las partidas para la nueva imagen del Ejecutivo de estas Islas?

Empiezo a pensar ahora, con Román Rodríguez, que hay un pacto entre el PSOE y Coalición Canaria no sólo para que no se avance en lo de la reforma electoral, sino para que el nuevo texto estatutario se convierta, como el anterior, como el de diciembre de 1996, en pura agua de borrajas. En mera retórica. ¿Tendremos que volver a recordar lo que ha sido de algunos artículos del Estatuto de Autonomía aún vigente?

En doce años, desde abril del 93 hasta este año del 2005, ni siquiera han sido desarrollados artículos vitales de nuestro Estatuto de Autonomía que podrían haber remediado muchos de los males que padecemos en estos momentos:

El artículo 34.2 de la policía propia: contra inseguridad ciudadana, mafias, delitos ecológicos... Haría falta una Guardia Nacional Canaria, profesionalizada y dotada de medios técnicos y dedicada a acabar con delitos específicos generados en la Canarias de los últimos decenios, una Guardia Nacional motivada y arraigada, cuya financiación provendría, en su mayor parte, de los recursos que el Estado destina hoy a la presencia de fuerzas y cuerpos de seguridad en Canarias

El artículo 37.1 de residencia y trabajo de extranjeros y un desarrollo creativo del artículo 299.2 del Tratado de Ámsterdam, ayer, hoy el artículo III-424 de las Disposiciones comunes de la controvertida Constitución Europea: contra la inmigración de todos los colores que padecemos y la demografía disparada del Archipiélago.

El artículo 37.2 de presencia del Gobierno de Canarias en negociaciones de la UE que nos conciernan: para sentarnos a hablar directamente con Marruecos sobre inmigración, pesca, tomate, prospecciones petrolíferas, y con los países del área dólar sobre el plátano.

El artículo 40.1 de ámbito territorial: para una delimitación definitiva de nuestras aguas oceánicas. Estamos pendientes de lo que firmarán el próximo día 29 de este mes los reinos de España y de Marruecos sobre el asunto de la mediana. El artículo 46.1 del REF, para buscar salidas imaginativas a los recursos acumulados de la Reserva de Inversiones (RIC). Y para paliar el saqueo económico en esferas como las de las empresas constructoras, hosteleras, financieras y de seguros.

Y, por último, desde 1996, tampoco se ha elaborado una Ley Electoral que no tenga secuestrada la voz de las minorías en nuestra nación, tal y como lo hacen las actuales barreras de exclusión electoral impuestas en una simple Disposición Transitoria del Estatuto vigente. La democracia es una concepción relativa al modo de designación de quienes ejercen el poder y si el modo de designación se secuestra por unas barreras de exclusión electoral, lo que se secuestra, al fin y al cabo, es la misma democracia.

¿La culpa de que no se haya producido un desarrollo fecundo de toda esta legislación? Pues, a nuestro entender, se debe repartir entre el Gobierno y la oposición, que no ha tenido el coraje ni de generar el debate ni de preocuparse sinceramente de esas tareas parlamentarias.

En septiembre de 2002, desde el Partido Nacionalista Canario, formulamos una propuesta de ’consenso de mínimos’ a todos los partidos políticos presentes en Canarias, un consenso sobre los asuntos más graves que hoy padecemos y sobre algunas fórmulas de superación de los mismos. Entre ellos: 1) la delimitación de nuestras aguas territoriales; 2) el freno de los flujos migratorios desde las costas marroquíes y desde otros orígenes no controlados; 3) las incertidumbres de la Europa posterior al 2006 y su trascendencia para nuestra economía y para nuestra fiscalidad; 4) la consecución de una diversificación económica efectiva que nos libere del monocultivo turístico y active de verdad otros sectores productivos; 5) encarar y resolver el desequilibrio entre la generación de riqueza y la permanencia de un paro estructural por encima de 100.000 personas, hoy con el porcentaje más alto de los últimos seis años; y 6) detener la incesante presión sobre el territorio y la degradación medioambiental.

La irresolución de Coalición Canaria durante todos estos últimos años, aunque ahora quiera poner el pie en el acelerador, y las atonías políticas de los partidos estatales en Canarias, no nos dejan entrar de lleno en el autocuestionamiento profundo de nuestro ser autónomo: fijar un territorio, defender una población y una cultura, definir un marco de competencias que permita un autogobierno creativo, sin tutelajes superiores innecesarios.

Ahí está el meollo de la cuestión desde que España se decidió a convertirse en 1978 en un Estado de las autonomías y desde que Europa avanza hacia estructuras políticas más ambiciosas.

La falta de empuje de Coalición Canaria y las estrategias desplegadas por el PSOE y el PP en Canarias, donde parece que lo importante para ellos es dirimir continuamente sus rivalidades estatales y no mirar de frente los problemas que gravitan sobre el Archipiélago y colaborar en la búsqueda de sus soluciones, unido todo ello al sistema electoral que nos rige, convierte a Canarias en una comunidad donde prevalece un sistema político tripartidista cerrado. Y eso no es lo más grave: un sistema político fosilizado.

Terminando por donde empezamos, volvemos a pensar que el titular periodístico donde Juan Carlos Alemán cambiaba libros de texto gratuitos -¿para quién: para todas las familias, incluso para las que cuentan con medios económicos sobrantes para hacer esa compra con comodidad?- por Policía Autonómica, no le hace ningún favor al debate abierto sobre el futuro estatutario de Canarias, un pueblo que ha visto perder su idiosincrasia de territorio pacífico a favor de páginas de sucesos ampliadas una y otra vez en las más dramáticas direcciones, desde el consumo de drogas, somos la primera comunidad autónoma del Estado en ingestión de las sustancias más nocivas, hasta la llegada de pateras a todas nuestras costas y de inmigración aérea que entra como turista, porque carecemos de control de fronteras efectivo, desde vertidos nocivos en nuestras aguas atlánticas por buques de todas las banderas, hasta una desorganización en la política de menores que se extiende sobre nuestras conciencias como una sombra alargada y vergonzante.

Necesitamos una Policía Autonómica para velar por nuestra propia seguridad, porque la seguridad es junto a la justicia, una de las piedras angulares de cualquier sociedad democrática que se precie de tal. Y competencias como la Policía Autonómica, la fijación de nuestras fronteras oceánicas, el control de la residencia y el trabajo de foráneos, las medidas fiscales para nuestras empresas y el poseer una hacienda propia, o la libertad de relacionarnos con otros pueblos del entorno geoestratégico, no son cromos que se puedan intercambiar demagógicamente con otros oscuros objetos del deseo político, aunque sean sagrados libros de texto para alumnos que realmente necesiten que el Gobierno se los procure. No bajemos el nivel.