Agencias
Madrid

Las comunidades autónomas tendrán que dictaminar las ayudas que correspondan a las personas dependientes en un plazo máximo de seis meses, con lo que se reducirá a la mitad el periodo que suele conllevar este trámite administrativo.

El acuerdo se ha adoptado por unanimidad en el Consejo Territorial de Dependencia, aunque los representantes del Ministerio de Sanidad y Política Social y de los diferentes gobiernos autonómicos no han fijado el plazo en el que las ayudas tendrán que ser efectivas. Así lo anunció la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, quien destacó el "gran valor político" de este acuerdo, que tendrán que incorporar las comunidades en su normativa, y que permitirá reducir los tiempos de espera para que las personas dependientes puedan percibir estas prestaciones. Jiménez informó de que a uno de enero de 2010, 743.596 personas tienen derecho a percibir las ayudas por dependencia, de las que 485.526 ya las están recibiendo y 258.070 continúan en espera. Sobre este último colectivo, según la ministra, existe un "firme compromiso político" para que los afectados sean incorporados al sistema cuanto antes. Jiménez comentó que actualmente algunas regiones cumplen los plazos previstos, pero otras tardan entre 10 y 12 meses sólo en valorar los expedientes. Precisó que en los casos en que las comunidades tengan establecido un proceso "en dos pasos", para reconocer el grado de dependencia y después el derecho a la prestación, el primero tendrá que consolidarse en un plazo máximo de tres meses. En cuanto a los menores de tres años, prosiguió, el periodo será de treinta días a efectos de ampliación del permiso de maternidad o paternidad o de los correspondientes subsidios.

El Consejo adoptó también un acuerdo para mejorar la calidad de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, que incluye un seguimiento de las condiciones en las que vive el beneficiario y establece garantías para la salud del cuidador. La titular de Sanidad informó de que hay 280.000 personas que reciben una prestación económica para el cuidado familiar, lo que supone casi el 50% de las prestaciones. Tras señalar que los acuerdos adoptados permitirán mejorar la calidad de vida de estas personas, recordó que la aplicación completa de esta Ley estaba prevista para 2015.

Las Islas, a la ’cola’

Por otro lado, según un estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de servicios sociales publicado ayer, Canarias y las comunidades de Madrid, Valencia y Murcia están ofreciendo una cobertura de la Ley de la Dependencia "más allá del ridículo" y forman parte del "club de los desesperantes". Más de 250.000 españoles en situación de dependencia son "víctimas de una contención de expedientes" que les impide recibir la ayuda o prestación a la que tienen derecho, según el informe. El estudio revela que estas 250.000 personas se encuentran en el llamado "limbo de la dependencia", el tiempo que pasa desde que se les reconoce una prestación o servicio y finalmente se les concede, una espera que va de los 12 a los 18 meses.