Marta R. Román
Santa Cruz


La muerte por asfixia de una joven de 15 años, en un incendio provocado por ella misma y otras dos internas, en la madrugada del martes en el centro de internamiento para jóvenes con medidas judiciales de Valle Tabares, ha vuelto a poner de actualidad la precaria situación por la que pasan estas instalaciones en Canarias. No obstante, no parece que el caldo de cultivo de esta realidad se genere en estos centros. La asesora del menor en la Oficina del Diputado del Común, Isabel de Blas, consideró ayer que "estos menores empiezan a perderse cuando acceden al sistema de protección".

De hecho, de Blas confirmó que "la mayoría de los menores que están y fallan en medidas judiciales es porque antes han fracasado en los sistemas de protección". La responsable apuntó que uno de los problemas más graves es la mala planificación y la falta de recursos "en un asunto en el que todos estamos implicados y en el que nadie puede dejar de arrimar el hombro".

En el caso concreto de la joven fallecida, desde la oficina del Diputado del Común se insistió en que, una vez examinado el expediente, Valle Tabares "no era el centro idóneo para su internamiento". Isabel de Blas reiteró que "hace tiempo que venimos recomendando la creación de centros terapéuticos y específicos para menores con problemas de conducta como la fallecida que no encajaba en ningún perfil". La asesora señaló que, ante la ausencia de este tipo de servicio en Canarias, se había tramitado su traslado a la Península, aunque al final no ha sido posible.

Para Isabel de Blas, la posibilidad de que las competencias en menores sean devueltas al Gobierno central "debe basarse en una decisión nacional y no ser sólo Canarias la única comunidad que plantee la cuestión". En cualquier caso, la responsable opinó que "todavía se puede solucionar poniendo empeño entre todas las áreas implicadas".

En ese sentido, la asesora explicó que "Cabildos, Ayuntamientos o las áreas de Educación y Sanidad deberían trabajar más coordinadas". De Blas apuntó que "hay muy buenos profesionales, pero no existen los recursos suficientes" para que los ayuntamientos, por ejemplo, detecten los problemas que muchos de estos menores suelen tener en común. Entre ellos, Isabel de Blas citó el fracaso escolar, la escasa formación laboral, agresividad y ausencia de autocontrol al carecer de habilidades sociales, baja autoestima, marginalidad, pobreza familiar o situación de hacinamiento en su vivienda, entre otros.

Por su parte, el Diputado del Común, Manuel Alcaide, en declaraciones a este periódico afirmó que "me da una gran tristeza este tipo de sucesos porque al final todos somos responsables". Alcaide manifestó que el caso está ahora en manos del juez de instrucción que es el competente para aclarar los hechos.



Tratamiento adecuado
El Diputado del Común se refirió también a la hipotética devolución de las competencias en menores a la Administración central. "No sé si es mejor que el Gobierno de Canarias traspase estas competencias. Lo que realmente me preocupa es que estos menores sean tratados adecuadamente", terció. Alcaide aclaró que en la reunión mantenida con el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero "sí se reconoció que la aprobación de la Ley orgánica 5/2000 de responsabilidad penal de los menores no vino acompañada de un contenido económico y esa carga le fue endosada a las comunidades autónomas".

Sin embargo, el Diputado del Común consideró que no es sólo una cuestión de dinero. "Necesitamos grandes dosis de esfuerzo y conciencia para darnos cuenta de que los menores son el futuro y, por tanto, hay que educarlos", declaró. Por otro lado, Alcaide llamó la atención sobre la necesidad de respetar la intimidad de los menores y omitir detalles escabrosos, además de tener una especial sensibilidad en el tratamiento de los sucesos que les afecten, y cuya difusión puede provocar una lesión a su memoria.

En un comunicado remitido a Efe, Alcaide creyó aconsejable evitar injerencias innecesarias en la vida privada de los menores de edad que vulneren su derecho a la intimidad con la publicación o difusión de su imagen o de datos pertenecientes a su vida privada, tal y como establece Naciones Unidas.