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EDITORIAL
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| Puerto, manifestación y decisiones |
Una manifestación importante, aun con todas las discrepancias en el número de los congregados -la diferencia entre 60.000, tal y como pregonaron los convocantes, y los 8.000 estimados por la Policía Local se nos antoja excesiva-, discurrió ayer de forma pacífica por las calles de Santa Cruz de Tenerife en demanda de una política diferente respecto a las infraestructuras de Tenerife, y particularmente en contra del puerto industrial de Granadilla.
Y decimos particularmente porque esta clase de convocatorias, por su propia esencia, suelen contener entre sus lemas asuntos muy diversos, lo que hizo posible que en la marcha de ayer convivieran el rechazo a los nuevos proyectos de obras en las Islas con otras cuestiones que poco o nada tienen que ver con lo anterior -la privatización de la empresa de aguas de Santa Cruz, por ejemplo-, si no es por la coincidencia en la fuerza política que, como partido gobernante en Tenerife, aparece como objetivo último de las reprimendas. Por tanto, parece claro que estas manifestaciones, que encierran en sí mismas un rechazo a la política de los partidos digamos convencionales, contienen una dura crítica contra Coalición Canaria como fuerza de poder en Tenerife durante las últimas décadas.
La marcha ciudadana de ayer, sin duda numerosa pero bastante menos que otras que la precedieron con idénticos fines, tiene claros sus lemas y objetivos, pero menos definido está el porvenir de este movimiento que, bajo el manto de la llamada Asamblea por Tenerife, intenta abrirse camino como interlocutor social en la Isla. Para empezar, la lógica heterogeneidad de este peculiar movimiento -a veces antisistema, otras de sólida implantación vecinal, vinculado al mundo universitario y al mismo tiempo protagonizado por ex políticos postergados- hace imposible su identificación como alternativa política y deja en el aire dos cosas: su eventual concurrencia en próximas citas electorales, siempre desmentida, y el hipotético beneficio que su mensaje produciría a fuerzas que, como el PSOE, persiguen la legítima alternancia política en Tenerife.
Curiosamente, son los socialistas los que parecen más incómodos con esta circunstancia, y así mientras el dirigente insular José Manuel Corrales pedía ayer "reflexionar serenamente" sobre la política portuaria de Tenerife, el presidente de Puertos del Estado, Mariano Navas, defendía desde Las Palmas la construcción del puerto de Granadilla para acoger tráfico de energía y de cemento, es decir, como una alternativa muy válida para el desarrollo económico de la Isla, e incluso desde la perspectiva ambiental por la posibilidad de introducción del gas natural. La posición del PSOE tinerfeño -difícil por compleja y acaso incoherente- debería caminar de una vez hacia una posición común, la que fuera, pero que no buscase el equívoco permanente y la crispación de una sociedad que ya tiene ante sí argumentos suficientes para la trifulca.
Al final, nada nuevo se desprende de una manifestación potente que refleja el estado de bloqueo que sufren las grandes decisiones de Tenerife, entre un poder sin duda desgastado y a la defensiva, una oposición sumida en la confusión sobre sus propios puntos de vista, un empresariado premioso pero igualmente estático y un movimiento ciudadano anclado en el prejuicio y la descalificación, a menudo gratuita y ofensiva. No es un buen escenario social, sin duda, y acaso tendrá que ser una decisión externa, como la que tomará la Comisión Europea sobre el puerto industrial sureño, la que tenga que marcar un punto de partida sobre el que esta sociedad pueda dialogar acerca de proyectos comunes básicos para la prosperidad colectiva en un siglo que empieza y lo hace con ilusiones e interrogantes a la par.
En cualquier caso, tenemos claro que el puerto de Granadilla nos sigue pareciendo una necesidad imperiosa e inaplazable. Así lo reflejan los estudios más serios y rigurosos, y también los acuerdos, unánimes por cierto, adoptados por las instituciones más representativas de Tenerife y de Canarias. |
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