No debería resultar excepcional, en un contexto de democracia, que un Gobierno rectificara, o al menos se replanteara, una decisión cuando constata que cada vez son más los ciudadanos que se oponen a ella. Ya lo hizo el ex presidente regional Román Rodríguez cuando la tarde del 23 de noviembre de 2003, tras una de las mayores manifestaciones que se recuerdan en Santa Cruz, derogó el decreto que permitía a Unelco levantar torres de alta tensión en los montes de Vilaflor. Hasta Aznar, con toda su tozudez, retiró la reforma laboral que abarataba el despido después de la huelga general del 20 de junio de 2002. La manifestación contra el puerto de Granadilla celebrada ayer en Santa Cruz, que -por encima de las guerras de cifras- nadie puede dudar de que fue un éxito, debería obligar a Adán Martín a negociar, de una vez, con todos los agentes sociales (no sólo con los empresarios) el sistema portuario que más conviene a la Isla.