Canarias está formada por siete islas, y aunque la división territorial nos agrupa en dos provincias, la realidad nos reúne en otra calificación diferente: Islas capitalinas e Islas no capitalinas.
El día a día de Tenerife y Gran Canaria dista mucho del de La Gomera, La Palma, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura, cuyos ciudadanos nos vemos obligados a soportar el coste de la doble insularidad. Pero no es este nuestro peor problema. Más grave aún es que se potencien las desigualdades desde el Gobierno regional, que debería ser el Gobierno de todos los canarios sin distinción y, sin embargo, no siempre actúa como tal.
Cuando el Ejecutivo regional comete agravios comparativos éstos se traducen en graves injusticias con las Islas no capitalinas, un problema que se evidencia especialmente si nos paramos a analizar lo que está sucediendo en Tenerife por ejemplo con el proyecto del tranvía, cuyas obras supondrán este año una inversión de tres millones de euros, que se elevarán a nueve millones en 2006, y que se irán aumentando progresivamente hasta alcanzar los 50 millones.
No se trata aquí de ponernos contra la puesta en marcha de ningún servicio de transporte, pero nadie podrá negar que si las dotaciones de las Islas mayores se financian con fondos de todos los canarios, de igual manera habrá que invertir en las Islas menores.
¿Con qué va el Gobierno regional a compensar a los gomeros, los palmeros, los herreños, los conejeros o los majoreros por las grandes obras de infraestructura que se están acometiendo en las Islas capitalinas? De momento no se conoce ningún plan en este sentido y de mantenerse este desequilibrio inversor estaríamos ante un claro impulso a las desigualdades.
La necesidad de que se compense a las islas menores por las actuaciones que con fondos de todos los canarios lleva a cabo el Ejecutivo regional en Tenerife y Gran Canaria es uno de los asuntos para los que debemos aunar esfuerzos los presidentes de los Cabildos de las islas periféricas, que son pieza clave de cara a la gobernabilidad del Archipiélago y cuyo fundamento debe ser la necesidad de corregir desequilibrios y avanzar hacia un modelo unitario.
El traspaso de TITSA, una empresa pública del Gobierno regional y, por tanto, de todos los canarios, al Cabildo de Tenerife por un coste simbólico de 1 euro, después de que la sociedad está totalmente saneada y cuenta con un potencial representado en 1.300 trabajadores, es otra clara muestra de lo expuesto.
¿No queda demostrado el gran respaldo que se está dando al servicio público en la Isla tinerfeña cuando el Gobierno canario se ha comprometido incluso a realizar la inversión requerida para añadir 50 guaguas al servicio interurbano y 10 al servicio urbano de Titsa? ¿No se han denunciado reiteradas veces en los medios de comunicación las grandes inversiones que durante años también ha acometido el Gobierno de Canarias en la isla de Gran Canaria?
Hay motivos suficientes para que las Islas no capitalinas declaren una lucha abierta contra los perjuicios que se ocasionan a los residentes en La Gomera, El Hierro, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura.
Si este problema no se corrige cada vez habrá más desigualdades, y cada vez nos alejaremos de la Canarias única y la cohesión territorial tantas veces públicamente defendida. En cambio, continuaremos avanzando hacia la Canarias de dos velocidades que tanto daño ha hecho y hace a esta tierra. Esperemos que así no suceda.
* Casimiro Curbelo es presidente del Cabildo Insular de La Gomera. |
