El último Consejo de Gobierno de Canarias trató un asunto importante, de aquellos que repercuten en los ciudadanos. Se trata de la aprobación del documento base del Pacto Social para la Sanidad, que será sometido a consultas con los agentes sociales y con los grupos parlamentarios, y con el que se quiere asegurar la estabilidad futura del sistema público sanitario del Archipiélago.

La cuestión de la sanidad es, obviamente, de esos aspectos que repercuten directamente en los ciudadanos. Es difícil encontrar quien, bien sea directamente o por algún familiar o persona cercana, no tenga necesidad directa de contar en algún momento con los servicios de la Sanidad pública canaria, por lo que todo lo que contribuya a que el sistema sea mejor y, a los efectos de esta propuesta, goce de estabilidad, al menos por unos años, resulta bienvenido.

Lo que pretende la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, María del Mar Julios, impulsora de este proyecto, es que al igual que las fuerzas políticas del Estado llegaron al llamado ’pacto de Toledo’, para alejar el tema de las pensiones de los tirones de los debates políticos y electorales, en Canarias se pueda alcanzar un acuerdo similar entre los partidos del Archipiélago, para establecer un modelo que sea el de todos, no el del Gobierno o del consejero de turno, y que evite que la Sanidad pueda ser utilizada como instrumento de las discusiones interesadas.

El documento aprobado inicialmente por el Gobierno y que será expuesto ahora, además de a las fuerzas políticas, a los colegios profesionales sanitarios, a los sindicatos, a las asociaciones de consumidores y a los grupos parlamentarios, recoge las propuestas y conclusiones del informe realizado por el comité de expertos sobre financiación y sostenibilidad del sistema canario de la salud, sobre el que han venido trabajando durante un año. Y es, además, la respuesta a una resolución aprobada en el Parlamento en la que se instaba al Gobierno canario a elaborar este pacto

Es difícil saber cómo terminará una iniciativa así, porque dado el carácter con el que evoluciona -más bien habría que decir ’degenera’- la forma de hacer política de algunos en las Islas, no resulta sencillo que renuncien a la posibilidad de instrumentalizar la sanidad para buscar réditos políticos o electorales, pero vale la pena el intento, porque el apartado sanitario ya es de los que reciben más fondos del Presupuesto de la Comunidad Canaria y resulta conveniente crear un esquema estructural que se plantee para varios años.

Para el ciudadano está claro. Si se consigue un texto consensuado que esté por encima de los avatares y discrepancias políticas, no se verá como un objeto traído y llevado según la marea de los intereses, sino como el sujeto central que merece esa estabilidad del sistema, como protagonista al que se supone que se dirigen los esfuerzos.